El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, denunciará en la Fiscalía General de la República (FGR) al gobierno de Puebla que encabeza el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, pues acusó que desde ahí se ordenó a ayuntamientos, universidades y secretarías evadir la fiscalización de recursos estatales y federales. 

“De gobierno a gobierno, el hecho de obstaculizar el cumplimiento de un deber legal es un delito y, tratándose de los recursos federales de los cuales la Constitución nos da la facultad de revisar, entonces también se obstaculiza en carácter federal y presentaremos la denuncia correspondiente ante la FGR”, anticipó en entrevista con e-consulta. 

El auditor ventiló este miércoles una estrategia para sabotear su trabajo y denunció ser objeto de una persecución política que anticipa su destitución del cargo para el que fue nombrado en 2019, para un periodo de siete años que culminaría en 2026.

¿Con esta persecución no teme su destitución como titular de la ASE?”, se le preguntó; “por supuesto”, respondió tajantemente.

Romero Serrano explicó que el Consejero Jurídico del gobierno estatal, Carlos Palafox Galeana, así como la secretaria de la Función Pública (SFP), Amanda Gómez Nava, giraron instrucciones a ayuntamientos, universidades y secretarías para negar a la ASE de manera coordinada y con la misma justificación información sobre el uso de recursos públicos.

“Se acercaron con mi gente y conmigo para preguntar por qué la SFP, Amanda Gómez Nava, les habló personalmente para decirles que no cumplieran con el oficio de entrega de información. Este requerimiento de información se lleva a la ASE cada año y entran a sus facultades. En forma sistemática ordenada y coordinada y además con el mismo machote, empezamos a recibir respuestas en relación en temas de carácter técnico”, declaró. 

Se sabe que estas indicaciones también fueron giradas a presidentes municipales, la mayoría del partido de Morena y de otros partidos afines a Barbosa Huerta.  

La entrega de estos oficios fue conjunta y coordinada por Palafox Galeana, pues aseguró que así consta en las cámaras de vigilancia que monitorean la entrada de la ASE, por lo que incluso compartió fotografías.

“Afortunadamente, con cámaras de video y se pudo constatar que el consejero jurídico iba coordinando la entrega de los documentos para dilatar la auditoría”, denunció. 

Por ello advirtió que estas anomalías serán investigadas y judicializadas por la ASE, pues la información que fue negada involucra el uso de recursos de carácter estatal y federal. 

En la entrada principal de la @AsePuebla se encontraba coordinando dicha acción el Consejero Jurídico Carlos Palafox Galeana, dando seguimiento a esta desafortunada orden... pic.twitter.com/yyVdfmlXHR

— Francisco Romero Serrano (@aud_francisco) February 2, 2022

La caída de Francisco Romero

La retención de información solo es la primera parte de la estrategia para echar a Romero Serrano de la auditoría del estado. 

e-consulta tuvo conocimiento de que el siguiente paso es que presidentes municipales presentarán sendas denuncias contra Romero Serrano, por diversos delitos, como corrupción y extorsión, con el fin de que se le atribuyan faltas graves en el ejercicio de sus funciones que hagan inminente su destitución e investigación judicial.

Desde noviembre Romero Serrano comenzó a ser objeto de críticas, pues desde el Congreso local algunos diputados lo acusaron de no entregar a tiempo la revisión de cuentas públicas de 2018 y 2019.

En ese contexto, el legislativo recibió, analizó y aprobó de manera “fast-track” varias reformas enviadas por Barbosa Huerta que anticipaban su posible destitución.

Hubo cambios en los requisitos para ser aspirante a la titularidad de la ASE o las atribuciones del Congreso para la destitución.

Denuncia por violencia familiar

Elegido por el Congreso de Puebla en 2019 para encabezar la ASE por un periodo de siete años, Francisco Romero también se vio envuelto en escándalo cuando el 22 de diciembre se dio a conocer una orden de aprehensión en su contra por ejercer violencia familiar contra su pareja, Joseline Zurita y su hijo de seis años, pero el auditor logró conseguir un amparo.

Además de esto emitió un mensaje en redes sociales junto con Joseline Zurita para desmentir las acusaciones, aunque filtraciones de la carpeta de investigación aseguran tener evidencia de videos tomado por cámaras de seguridad.

Romero Serrano denunció que su caso fue atendido con rapidez únicamente por ser una figura pública y a pesar de que su pareja declaró ante el ministerio público que no era víctima de abusos, por lo que anunció que también procedió legalmente contra quienes manejan el caso.

“Ya presentamos la denuncia y asistimos a la CNDH, denunciamos al juez de oralidad que ha manejado la carpeta de investigación. Al agente del ministerio público definitivamente se le presentó un oficio con el testimonio de mi esposa de que no era víctima de maltrato ni ella ni el menor. No está denunciado por una aparente víctima solo –se da seguimiento– por el hecho de que soy funcionario público”, reprochó.