Una camioneta Chevrolet Suburban modelo 2021, es uno de los bienes más costosos en posesión de Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), según su declaración patrimonial de 2020, presentada durante su primer año en funciones al frente de la dependencia. 

En la Plataforma Nacional de Transparencia, Romero Serrano publicó que tiene un vehículo que equivale casi al 75 por ciento de sus ingresos anuales como auditor.

El funcionario detalló que el pago recibido por un año de trabajo fue de 2 millones 67 mil 300 pesos mientras que la camioneta que adquirió el 9 de noviembre de 2020 costó 1 millón 421 mil 465 pesos.

Obtiene más 6 mdp en ingresos extraordinarios

El documento que presentó el auditor superior considera en sus apartados que ha no ha tenido empleos previos a su designación como funcionario público aunque en la captura de sus cuentas públicas libres de intereses, se informa que recibió 6 millones 484 mil pesos 877 anuales como ingresos extraordinarios. 

Esto significa el triple de su salario anual como titular de la ASE, por lo que durante 2020 tenía disponibles  8 millones 552 mil 177 pesos pese a lo cual Romero Serrano no tiene casas o departamentos registrados a su nombre.

Su declaración también señala que no cuenta con alguna cuenta de inversión, sino una cuenta bancaria de débito para el pago de su nómina avecindada en México. Pero, sobre sus cuentas a saldar Romero Serrano asegura que no tiene un crédito departamental o personal.

Especifica que solicitó otro tipo de préstamo, aunque esa información fue reservada. 

Aunque Francisco Romero aseguró que no ha tenido empleos previos a su encargo actual, sí especifica que realiza actividades económicas externas a su función y se identifica como persona moral por parte de la empresa de comercio al por menor y servicios profesionales “Diseño Corporativo y Finanzas SA de CV”.

El pasado 2 de febrero, Francisco Romero Serrano denunció que desde el gobierno de Puebla se ordenó a ayuntamientos, universidades y secretarías evadir la fiscalización de recursos estatales y federales.