A casi tres años de la muerte de los exgobernadores Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle y otras tres personas, por la caída del helicóptero en el que viajaban, aún no hay sentencia para ninguno de los nueve involucrados y acusados por homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones.

Un juez de control de la región judicial de San Martín Texmelucan permitió a

tres de los investigados pasar su proceso en libertad pero a los otros seis les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada o necesaria bajo el argumento de que no habían podido comprobar arresto domiciliario y existía riesgo de sustraerse de la ley.

Fue así como se ordenó que fueran trasladados al penal de Huejotzingo, donde se mantienen detenidos y a la espera de audiencia intermedia y del juicio oral mediante el cual se determinará su situación.

El pasado 24 de noviembre, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal, otorgó un amparo a Ricardo Montiel, uno de los seis encarcelados, para modificar la medida cautelar de prisión preventiva necesaria por no acreditarse la falta de arraigo domiciliario y tampoco la posibilidad de que el detenido obstaculice la investigación del proceso.

Al descartarse la prisión preventiva, en próximos días Ricardo deberá ser puesto en libertad, aunque el agente del Ministerio Público aún tiene la posibilidad de apelar esta resolución del juez.

El Juez Quinto de Distrito ordenó en este caso excluir la acusación de falsedad de declaraciones ya que se encontró que las omisiones en las declaraciones de Montiel, dadas a la autoridad en fechas 28 de enero de 2019 y 12 de noviembre de 2020, respecto a las fallas de la aeronave y a que ya no estaba en condiciones de vuelo a partir del 23 de diciembre de 2018, se realizaron bajo el derecho del detenido a no autoincriminarse y guardar silencio, más no  falseó información.

El argumento fue aceptado por el Juez Quinto de Distrito que ordenó excluir el delito. Ahora solo se está a la espera de que el mandato se aplique.

Detenciones, desde diciembre de 2020

El 24 de diciembre de 2020, justo dos años después del desplome del helicóptero en el que viajaban Martha Erika Alonso Hidalgo, ex gobernadora de Puebla, y su esposo el ex senador, Rafael Moreno Valle, junto con un asistente, el piloto y copiloto de la aeronave Agusta tipo AW109, la Fiscalía de Puebla emprendió acción persecutoria en contra del dueño y tres trabajadores (un técnico, una ingeniera y un electricista) de la empresa Rotor Fligth Services, relacionada con el funcionamiento de la aeronave.

Ricardo N, fue asegurado en la colonia Bosques de San Sebastián en la ciudad de Puebla; José Antonio N, fue arrestado  en la colonia San Mateo Oxtotitlán, en la ciudad de Toluca, Estado de México; María Magdalena N, aprehendida en la colonia Santa María La Rivera, en la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México; al igual que Israel N, alias “El Olguín”, capturado en el estado de Hidalgo.

Miguel N, empleado de Rotor Flight Services fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) el 29 de diciembre de 2020.

El 10 de febrero de 2021, Iris Cristina N, trabajadora del Departamento de Ventas de la empresa encargada del mantenimiento de la aeronave, fue asegurada a la altura de la Central de Abasto en la colonia Rafael Díaz Serdán, en el estado de Veracruz. También se le acusó de homicidio, daño a propiedad ajena y falsedad de declaraciones.

José Alonso N, empleado de la firma Rotor Flight Services fue capturado y posteriormente vinculado a proceso el 28 de febrero de 2021, convirtiéndose en la séptima persona asegurada por este caso.

Fue el 17 de marzo de 2021 cuando la Fiscalía de Puebla dio a conocer la aprehensión de Rafael N, director de la empresa propietaria de la aeronave siniestrada.

Por último, César Rodrigo, quien se desempeñaba como jefe de mantenimiento de Servicios Aéreos del Altiplano, Sociedad Anónima (SAASA), propietaria del helicóptero siniestrado, fue el noveno acusado y detenido.