Un Tribunal Federal otorgó un amparo a Raymundo Collins Flores, ex director general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi), lo cual deja sin efecto la orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilegal de facultades.

Collins Flores fue señalado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México por haber cometido irregularidades cuando estuvo al frente del Invi, en 2017, por la compra de un predio por 21 millones 333 mil 616 pesos.

Por unanimidad, los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado señalaron que la orden librada el 21 de marzo de 2020, no puede ser ejecutada por alguna autoridad, por ser inconstitucional, además de mencionar que el Ministerio Público no notificó al también ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México que era investigado o que debía comparecer.

El Tribunal consideró que el juez local no hizo una correcta valoración sobre la necesidad de cautela, por lo que debe volver analizarse si se cita a Collins nuevamente a comparecer para que conozca qué se le imputa, o en su caso se ordene su captura.

El Ministerio Público señaló al juez de control que Raymundo Collins no tenía arraigo en la capital; por lo que tenía la posibilidad de abandonar el país, al contar con pasaporte vigente y que el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó su salida de México cuatro veces en 2019.

Por ello, el juez del Tribunal Superior de Justicia consideró que el ex funcionario podía evadir la acción de la justicia. Asimismo, la FGJ aseguró que Collins Flores podía obstaculizar la investigación, por el cargo que ostentó en su momento como director del Invi.

Sin embargo, el Tribunal mencionó que ese señalamiento no tiene una base razonable pues el imputado ya no forma parte de la administración pública.

De acuerdo con la Fiscalía, Raymundo Collins y el director de asuntos Jurídicos del Invi realizaron, de manera ilegal, la adquisición de un bien con recursos económicos públicos, porque no contaban con el dictamen financiero e inmobiliario, ni la autorización del Comité de Suelo, y pese a ello celebraron el contrato.

Con información de Milenio.