México. D.F. Indígenas de la comunidad de Cuacuila, del municipio de Huauchinango, Puebla, agrupados en el movimiento Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos, llegaron hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir la cancelación del Proyecto Gasoducto Tuxpan-Atotonilco, así como el cese del hostigamiento contra defensores del agua y de la tierra.

Recibidos y apoyados por el diputado federal, Gerardo Villanueva, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el pequeño grupo de indígenas poblanos ofreció una conferencia de prensa para denunciar que pese a la oposición de la comunidad, la empresa Gaso Mex sigue adelante con el proyecto en la comunidad de Cuacuila.

Exigieron la “suspensión inmediata al proyecto del gasoducto Tuxpan–Atotonilco, de Gas LP, que continúa trabajando la empresa Gaso Mex en terrenos de la comunidad de Cuacuila, o en su defecto que sea desviado a más de cinco kilómetros de nuestra población, por su alta peligrosidad de muerte para los habitantes de Cuacuila y poblaciones vecinas”.

También pidieron que les sea entregado el expediente completo de la obra, con sus respectivos permisos de instancias federales, estatales y municipales. Y que se respeten sus derechos como pueblo indígena náhuatl.

“Que de ahora en adelante, ante cualquier proyecto similar o de algún otro tipo, se nos consulte antes de planear alguna obra en contra de nuestro patrimonio y sobre todo si implica algún riesgo o atentando contra la seguridad de los habitantes de nuestro pueblo”, dijeron.

Asimismo, reconocieron que temen por su integridad física al oponerse a dicho mega proyecto, por lo que exigieron que las autoridades correspondientes les brinden medidas de cautela para garantizar su seguridad.

En ese sentido, hicieron responsables directos de su integridad a la empresa Gaso Mex y  a Biósfera Ambiental, así como al presidente municipal de Huauchinango, Gabriel Alvarado Lorenzo, y al presidente auxiliar,  José Rodolfo Ahucatitla, “no sólo de lo que pueda pasarle a la integridad de cada uno de los que estamos defendiendo legítimamente la vida y nuestros derechos como pueblo indígena náhuatl, sino también de los procesos legales que se puedan desatar en nuestra contra. Pero además los responsabilizamos por los daños, accidentes, explosiones o pérdidas  de vida que resulten  en el corto, mediano o largo plazo por el gasoducto de la muerte”, advirtieron.

Añadieron que ese proyecto de gasoducto, que iría de Poza Rica hacia Atotonilco, “pretende pasar 86 mil barriles diarios, a escasos 170 metros de un preescolar de la comunidad de Cuacuila, cuando los expertos señalan que debería pasar por lo  menos a cinco kilómetros de distancia, por lo que esto es un gran peligro si llegara a explotar”.

Recordaron que en noviembre de 2013 interpusieron el amparo No. 6-2013 en el Juzgado Primero en Cholula Puebla, cuya resolución les fue favorable por lo que se ordenó la suspensión temporal de los trabajos de Gaso Mex, “porque la empresa no cuenta con los permisos, ni con la autorización de la comunidad, toda vez que nos manejamos por usos y costumbres”, dijeron.

Por su parte, el diputado Gerardo Villanueva aseguró que difícilmente los indígenas cuentan con tribunas para denunciar este tipo de hechos, “por lo que en la Cámara de Diputados siempre vamos a estar obligados a darles voz. Estamos en su lucha y esperamos  que la atención a este tema tenga consecuencias particularmente sobre quienes han sido reprimidos en estas comunidades indígenas”, indicó.