La Fundación Mary Street Jenkins denunció que hay persecución política “estructurada” por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para liberar órdenes de aprehensión en contra del rector Luis Ernesto Derbez y otros funcionarios de la UDLAP.

“(Barbosa) tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición desde el gobierno de Puebla”, acusó en un comunicado de prensa.

Lo anterior después de que fue dado a conocer que se liberaron  órdenes de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez y sus funcionarios de la UDLAP por fraude.

La Fundación Jenkins Informó que hay e un “mecanismo de presión para desviar la atención” sobre la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins.

Además denunció que hay intención de “apropiarse ilícitamente de patrimonio privado”  pese a que existe una suspensión de amparo vigente, que debe cumplirse.

Adelantó que denunciará a los litigantes involucrados con los jueces civiles 24 y 60 de la Ciudad de México, “que forman parte de una red de complicidades impune hasta el momento”.

El campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue tomado el 29 de junio por la Policía Estatal, que “violó los derechos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de la UDLAP, de la familia Jenkins de Landa y de su equipo jurídico”.

La intervención fue ordenada por Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, a quien acusó de tener “un comportamiento irregular alineando sus acciones a las intenciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que responden a los intereses del gobernador Miguel Barbosa, para imponer a un patronato” y el rector Armando Ríos Piter.

A principios de agosto, la Fundación Jenkins informó que obtuvo una suspensión vigente otorgada por un Juzgado Federal para que la UDLAP sea devuelta de forma inmediata al Patronato fundador  presidido por Margarita Jenkins de Landa.

“Sin embargo, esta suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, ex senador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; además de Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP, y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la CDMX”, acusó la Fundación Jenkins.

Una vez más, la Fundación dijo que presentará una queja formal contra los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue su proceder, vínculos y complicidades. La queja será un elemento en la revisión que realizará Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se anunció la semana pasada.

Finamente la Fundación recordó que en 2018, los miembros de la familia Jenkins fueron exonerados por la hoy FGR, sobre diversos señalamientos que generan “un doble juzgamiento”,  que es violatorio a la ley.