La racionalidad en la administración de los recursos y la transparencia en el conjunto de sus actividades fortalecen la función jurisdiccional y administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de favorecer la consolidación democrática, señaló José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior.

Durante la firma del Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), aseguró que las gestiones administrativas revisten tanta importancia para los órganos jurisdiccionales, que la habilidad para ejercerlas es incluso un requisito de idoneidad exigido a todo juzgador.

En presencia de María del Carmen Alanis Figueroa, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López, magistrados de la Sala Superior que asistieron como testigos de honor a la firma del acuerdo, afirmó que administrar los recursos y dirigir al personal se convierten en una actividad inherente a las funciones constitucionales que desempeña el Poder Judicial y en una característica que consolida la autonomía institucional.

“Si bien administrar es una función representativa del Poder Ejecutivo, también es cierto que la autonomía en el ejercicio de las actividades señaladas responde a una necesidad de eficacia en los resultados, que se encuentra contemplada expresamente por la Constitución, como parte esencial de la independencia requerida a los órganos encargados de dirimir controversias”, manifestó.

En ese sentido, expresó, que si bien el fin último del Tribunal Electoral se identifica con bienes intangibles  como son el resguardo de la democracia y de los derechos político-electorales de la ciudadanía, utiliza recursos financieros, materiales, técnicos e informáticos de forma prudente, honesta y apegada al marco legal para cumplir su función.

Refirió que hace unos meses la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de la actividad ejercida por el TEPJF durante 2012 dio como resultado un dictamen “limpio”. Lo anterior, dijo, avala con creces nuestro modelo de gestión.

El Magistrado Presidente subrayó que la colaboración entre ambas instituciones permitirá consolidar el eje rector de la transparencia, establecido como prioritario durante este año, ya que todas las funciones del organismo se someterán al escrutinio público, a fin de que la ciudadanía pueda avalar la ejecución de las actividades.

Puntualizó que para los órganos que imparten justicia electoral resulta indispensable lograr una adecuada planeación y gestión administrativas, por lo que como testimonio del constante ímpetu por mejorar la función pública que se brinda desde el Tribunal, el presente acuerdo de voluntades representa una exigencia ética que fortalecerá el desempeño jurisdiccional.

Garantiza la legitimidad de los procesos electorales

Al hacer uso de la palabra, José Castelazo, presidente del Consejo Directivo del INAP, aseveró que hoy los órganos que imparten justicia son los más vigilados por la sociedad, por lo que al colaborar con el Tribunal mediante este convenio para dar a conocer ante el mundo sus funciones, representa un honor y un reto, ya que es un organismo que ha garantizado la legitimidad de los procesos electorales, lo cual se refleja en tranquilidad y paz social.

Comentó que la rendición de cuentas es una política pública vinculada al combate a la corrupción que ayuda a brindar certeza y confianza entre la ciudadanía, misión que ha cumplido cabalmente el Tribunal Electoral al convertir la transparencia en parte de su existencia.

La firma del Convenio tiene por objeto contribuir a la eficiencia, transparencia y oportunidad de los procesos de rendición de cuentas, tanto para mejorar la gestión actuante como para preparar la entrega institucional del quehacer público y jurisdiccional de la Presidencia del Tribunal Electoral. Lo anterior, en el marco de la cultura de legalidad y de responsabilidad pública.

Con esta signa se sientan las bases, condiciones, compromisos y obligaciones del INAP y del TEPJF para realizar un intercambio que permita, además de la integración de un Libro Blanco como instrumento para documentar de manera transparente la entrega-recepción, capacitar y sensibilizar en el tema a los servidores públicos involucrados.