El juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Antonio González García, admitió a trámite la demanda de garantías que interpuso Florian Tudor contra su extradición a Rumania, y le concedió una nueva suspensión para que no permanezca incomunicado, ni sea deportado o expulsado del país.  

El juzgador asumió el juicio del rumano, porque el pasado viernes el secretario en funciones de juez, del juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, quien frenó la extradición, se declaró incompetente para seguir conociendo el caso.  

González García fijó para el próximo 30 de junio la audiencia donde determinará si concede o no el amparo a Tudor contra la extradición. Puntualizó que el requerido ratificó su demanda de garantías, motivo por el cual sigue vigente la suspensión de plano que impide su extradición.  

Admitió un nuevo amparo donde el rumano solicitó que cesen los actos de incomunicación en su contra, y pidió la protección ante el temor de ser deportado del país, por lo que se le concedió otra suspensión de plano.  

“Se concede la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en la incomunicación, deportación, expulsión en calidad de extranjero y/o extradición, así como por cualquier otros de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables de manera inmediata no se ejecuten, los hagan cesar o, en su caso, se abstengan de llevarlos a cabo”, detalla. 

El pasado 27 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) capturó en sus instalaciones de la Ciudad de México al rumano, quien ha sido señalado de ser el líder de una red criminal que opera en el estado de Quintana Roo, misma que ha sustraído más de mil 200 millones de pesos de cajeros automáticos.  

La FGR no ha judicializado alguna carpeta de investigación en su contra, tras dos años de investigaciones y señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).  

La captura derivó de una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue otorgada por un juez federal, ya que el gobierno de Rumania busca juzgarlo por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.  

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, calificó de legal la detención y decretó prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso de extradición. El gobierno de Rumania tiene 60 días para presentar formalmente la petición de extradición.  

Con información de Milenio