Diversos organismos prevén amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios Móviles que desde el sábado entró en vigor en  México y que exige la entrega de datos biométricos como requisito para comprar chip de telefonía móvil.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D), calificó la medida como autoritaria, además de que facilita el monitoreo, vigilancia y espionaje masivo por parte de gobiernos a los ciudadanos.

Agregó que representa un grave retroceso y una medida autoritaria, y anunció que que se ampararán contra esta disposición.

Trusan y Roma Abogados presentó una demanda a nivel nacional contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que prevé la creación del padrón.

El despacho argumentó que se ponen en riesgo los datos personales y biométricos de los usuarios, y detalló que, de no formar parte del registro, las líneas telefónicas serán canceladas.

Durante los siguientes 30 días hábiles, el despacho prevé presentar más amparos en contra el padrón.

Mientras tanto, Observatel, institución presidida por Irene Levy, informó que en el momento oportuno “hará valer los amparos y medios de defensa que resulten procedentes”.

La norma obliga a las empresas a contar con un registro que se actualice con el nombre y apellido del titular, número de cédula de identidad o pasaporte, número de línea telefónica asignada, IMEI, IMSI, Registro Único de Identidad Fiscal (RIF), correo electrónico, huella dactilar digitalizada, firma autógrafa y foto digital del usuario.

En México, los datos que el usuario debe entregar son número de línea telefónica móvil; fecha y hora de la activación de la línea en la tarjeta SIM; nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario; nacionalidad; número de identificación oficial con foto o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea.

También se requieren datos biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, domicilio del usuario; datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados y el esquema de contratación.