Dos de cada tres gobiernos estatales en México no cuentan con datos precisos y veraces sobre el número de homicidios que se cometen año con año. Éste es el hallazgo más importante de la segunda edición de “Fallas de origen” un estudio único en su tipo que por su alcance y metodología permite identificar los errores y omisiones en los recuentos de homicidios reportados por las 32 fiscalías de justicia del país.

Entre las 5 fiscalías peor evaluadas en el estudio se ubica la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El estudio documenta cómo la clasificación errónea, el sub reporte y la reclasificación intencional de datos delictivos –el maquillaje de cifras, sin más– son reflejos indiscutibles de la debilidad institucional que vive el país.

"Un gobierno que trabaja con datos imperfectos no será capaz de generar un diagnóstico acertado y soluciones precisas para contrarrestar la ola de violencia que azota a México. Tenemos que lograr que cada víctima de homicidio cuente”, aseguró Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

Para la elaboración de la segunda edición de este reporte, se contrastaron datos entre diversas fuentes –como las que aportan el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)–, al tiempo que con herramientas estadísticas documentan patrones sospechosos en el registro de homicidios culposos –es decir, de carácter no intencional–, que en algunos reportes estatales se comportan del mismo modo que los homicidios culposos (por arma de fuego, por ejemplo), lo que constituye una señal de alerta de posible manipulación de la información.

Las posibles causas del mal registro

El reporte también arroja luz sobre los factores que pudieran explicar las fallas en el registro de los homicidios en el país, y que van desde la posible falta de capacitación al momento de la sistematización de los datos, capacidades limitadas de investigación, hasta falsificación de datos o intención deliberada de modificarlos.

A través de cuatro componentes –entre ellos, la precisión de los homicidios dolosos, las irregularidades en los homicidios culposos y las correlaciones en los homicidios culposos y los dolosos– el reporte permite obtener el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC), cuyo ranking destaca que:

·  Los cinco estados mejor evaluados son Sonora, Yucatán, Campeche, Zacatecas y Chiapas.

·  Las cinco entidades peor evaluadas son Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca.

·  A nivel nacional, en el periodo 2015-2019 el Inegi reporta 6.1% (9,138) más defunciones por homicidio que las víctimas de homicidio doloso que reporta el SESNSP.

·  Ocho entidades presentan una relación significativa entre homicidios culposos y dolosos: Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, lo que significa una señal de alerta, pues estos dos delitos, por su naturaleza, no deberían estar asociados.

Mención especial merecen dos entidades. La primera, Tamaulipas, que ocupaba un lugar bastante aceptable en la clasificación anterior, y que en esta edición presenta una caída al fondo de la tabla, ocasionada específicamente por la mala calificación en los componentes que describen el registro de homicidios culposos.

Y el caso de Nuevo León, cuya Fiscalía sigue sin especificar el número de víctimas de homicidio doloso, lo que no permite conocer cuántas personas han sido asesinadas en el estado

Como un elemento adicional a la edición 2020 de Fallas de origen, las fiscalías del Estado de México y Querétaro abrieron sus puertas para identificar algunos de los procesos internos que están llevando a cabo para mejorar la calidad de sus estadísticas delictivas, lo que permitió identificar buenas prácticas replicables por otras entidades, así como los cuellos de botella que se presentan en el registro correcto de las cifras.

Para combatir el problema de la mala información, y como resultado del reporte, se propone para todo el país:

1.  Crear un Comité Auditor que revise los procesos de generación de las estadísticas delictivas y diagnostique el estatus actual de las capacidades institucionales de las fiscalías y evalúe tanto la calidad como la precisión de su información delictiva.

2.  Velar por el cumplimiento de las normas existentes para el reporte de la incidencia delictiva.

3.  Crear instituciones estatales dedicadas al manejo de plataformas digitales, que incluyan una georreferenciación de los delitos.

4.  Fortalecer los procesos de verificación de las estadísticas delictivas.

5.  Desarrollar sistemas internos de intercambio y actualización de la información delictiva.
 

El reporte se presentó este 14 de abril y está disponible para su consulta en http://bit.ly/FallasdeOrigen2020