Con la demanda de que se realice un nuevo estudio técnico-ambiental, en el que participen los pobladores de la Sierra Nororiental de Puebla y se analice la cancelación de los proyectos mineros e hidroeléctricos de la región, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara baja propuso la creación de una comisión especial que revise las concesiones otorgadas durante los últimos 12 años, por el grave deterioro ecológico y las violaciones a los derechos humanos, laborales y patrimonio de esas comunidades.

Los diputados de MC, Zuleyma Huidobro González –representante plurinominal por Puebla– y Ricardo Monreal Ávila, coordinador de ese grupo parlamentario, advierten en un punto de acuerdo que con esas concesiones, ya otorgadas en aproximadamente mil 527.89 hectáreas de los municipios de Cuetzalan del Progreso y Tlatlauquitepec, se realizaría “un atraco” a la propiedad social de los pueblos indígenas de esa zona.

El documento da cuenta de que, a pesar de que las autoridades niegan que se hayan otorgado ya esos títulos, sin embargo, “de acuerdo con la información publicada en la página web del Sistema de Administración Minera, dependiente de la Secretaría de Economía, se han otorgado dos concesiones a nombre de la Compañía Minera Autlán, SA de CV, y una a Minas de Santa Martha S. A., que juntas abarcan parte del territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso y del municipio de Tlatlauquitepec, con más de mil 527.89 hectáreas aproximadamente”.

Este territorio, agrega, es además zona de recarga de los mantos acuíferos y ahí se ubican los principales manantiales que dotan de agua a la mayor parte de las comunidades de Cuetzalan

Negativa de Semarnat

En el texto publicado en la Gaceta Parlamentaria del Palacio Legislativo de San Lázaro de este jueves, se recuerda y se reprocha que la delegada en Puebla de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Daniela Migoya Mastretta, haya negado que exista la concesión de algún tipo de permiso para actividades mineras en la región de Cuetzalan, a pesar de que la información anterior la contradice.

Estos proyectos, describe el punto de acuerdo, amenazan la salud, medio ambiente y patrimonio de las comunidades de la Sierra Nororiental poblana.

“La amenaza de instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, así como la latente explotación de gas por parte de empresas petroleras y la privatización de sus sistemas de distribución de agua, los cuales indudablemente ponen en riesgo la salud y el patrimonio de las comunidades”.

Grave atraco

Con el otorgamiento de las concesiones, alerta el punto de acuerdo, se violan los derechos de las personas a contar con un medio ambiente sano y a la salud y la libre determinación de los pueblos indígenas, pues se ignora el reclamo justificado de las comunidades pertenecientes a las ocho juntas auxiliares, “en su mayoría indígenas, pero también mestizas, ‘coyomes’, como ahí se les conoce, en el sentido de reafirmar su rechazo a dichos proyectos”.

“Resulta preocupante que las autoridades responsables de velar por el bienestar de los pueblos indígenas, permita la operación de este tipo de empresas, que no magnifica la importancia ambiental y social de la zona, al ser un territorio que recarga los mantos acuíferos y donde se ubican los principales manantiales que dotan de agua a la mayor parte de las comunidades de Cuetzalan, además de que es el área que más conserva los reductos del bosque mesófilo de montaña”.

El caso debe considerarse un grave atraco contra las comunidades de esa zona de la Sierra Nororiental, califica el texto.

“De autorizar dichos proyectos en comento, se estaría perpetrando un atraco en contra de municipios, delegaciones o rancherías eminentemente rurales, quienes prácticamente no tienen voz ni voto a la hora de decidir sobre la afectación hecha a sus terrenos, mediante ocupación temporal, el establecimiento de servidumbres o incluso expropiación. Atropellados con lo anterior, se encuentran los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, que reivindican la propiedad social, el reconocimiento de la composición étnicamente pluricultural de la nación y la voz en este caso de los comités de agua de las diferentes comunidades del municipio de Cuetzalan”.

Riqueza para pocos

El documento describe que la actividad minera en México ha sido, tradicionalmente, deficitaria para el grueso de la población y ha enriquecido a unos cuantos, tal y como ocurría en la época prerrevolucionaria.

“La estrecha relación costo-beneficio, auspiciada por las anteriores administraciones, han dejado muy pocos dividendos para la nación mexicana, pero inmensas ganancias para unos cuantos grupos corporativos de la industria minera, que al mero estilo neoporfirista, se han incrustado en las altas esferas del gobierno, para asegurar la protección de sus intereses capitalistas; dándole un trato predador a nuestro país”.

En las poblaciones en que se explotaron los metales, agrega, se generaron pueblos fantasmas y migración de la población en cuanto terminó la fuente económica ligada a la metalurgia, por la falta de planeación.

“Tan sólo bastaron sesenta años, para que México perdiera su capacidad metalúrgica, heredó pueblos fantasmas de lo que antes eran poblados mineros, vio reducida su capacidad de planeación y posiblemente de progreso social, al perder fuentes de trabajo local, que obligaron a la emigración masiva de sus habitantes a las grandes ciudades”.

Punto de acuerdo

Bajo las anteriores consideraciones el documento solicita:

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del ingeniero Juan José Guerra Abud, emita un nuevo estudio técnico-ambiental, en el que participen los pobladores de la Sierra Nororiental del estado Puebla y en caso de ser negativo ordene la inmediata y futura cancelación de los proyectos mineros e hidroeléctricos en la región, ponderando en todo momento el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a la libre determinación de los pueblos indígenas.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de este honorable Congreso de la Unión, para que se lleve a cabo en los términos del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la instalación de una comisión especial encargada de revisar y regular las concesiones otorgadas a empresas mineras durante los últimos doce años, ante el grave deterioro ecológico y a las reiteradas violaciones a los derechos de los trabajadores mineros en el territorio nacional.