Pago justo a los ejidatarios de José María Morelos Buenavista, de Tlaxcala, por la expropiación de sus tierras cultivables y su integración al proyecto logístico multimodal de transportación o puerto seco, con mano de obra para su construcción, empleos una vez concluido y como prestadores de servicios, demandó desde la Cámara de Diputados federal, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila.

A través de un punto de acuerdo, se demanda a los gobiernos federal y estatal atender las demandas de los pobladores de esta comunidad del municipio de Tlaxco y resarcir los abusos que hoy convierten a este caso en un “despojo injusto”.

En el documento publicado este jueves en la Gaceta Parlamentaria del Palacio Legislativo de San Lázaro se denuncia que en el proyecto para el puerto seco se ha decretado la expropiación de 838 hectáreas de terrenos ejidales de José María Morelos Buenavista, pero se pretenden pagar precios muy bajos a los propietarios.

El documento relata que habitantes de los ejidos de José María Morelos Buenavista, en el municipio de Tlaxco, fueron notificados por el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Gregorio Sergio Pintor Castillo, y el delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Cuellar García, sobre un decreto de expropiación “que los despoja injustamente de sus tierras”.

“Dicho decreto establece la expropiación de 838 hectáreas de terrenos ejidales de José María Morelos Buenavista, el cual será pagado conforme al avalúo que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

“Sin embargo, autoridades y ejidatarios de dicha comunidad comentan que representantes del gobierno del estado argumentaron que el pago por metro cuadrado no pasará de 15 o 20 pesos, el cual sólo se compara con lo que se pretendía pagar a comuneros de San Salvador Atenco”, en el estado de México, en donde el gobierno del ex presidente Vicente Fox Quesada pretendió, sin éxito, construir un aeropuerto.

Monreal subraya que los campesinos de esa comunidad no se oponen al progreso y a la construcción del proyecto, pero demandan un precio justo por sus tierras y su inclusión en este con empleos y como prestadores de servicios, toda vez que quedarán sin fuentes de ingresos al serles arrebatadas las tierras que les proporcionan sustento.

De concretarse este “abuso”, expone el diputado federal de MC, se violarán resoluciones, acuerdos y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre derechos humanos.

Exclusión de campesinos

En su exposición de motivos, Ricardo Monreal, por cierto ex gobernador de Zacatecas, recuerda que el pasado 24 de julio de 2008, el gobierno federal autorizó al gobierno de Tlaxcala la construcción de un punto logístico multimodal de transportación o puerto seco, y le asignó inicialmente un presupuesto de 100 millones de pesos para iniciar los trabajos.

El proyecto contempla la construcción de 2 mil 820.5 hectáreas, divididos en recintos fiscalizados estratégicos (354 hectáreas), aduana interior multimodal (39 hectáreas), zona de negocios y servicios (135 hectáreas), turismo (350), 2 parques industriales (590 hectáreas), terminal Granelera (34.5 hectáreas), terminal de carga multimodal (82 hectáreas), zona de habitación (1000 hectáreas), aeropuerto (161 hectáreas) y Abasto, salud y educación (75 hectáreas).

“Este proyecto contempla un gasto aproximado de 30 mil millones de dólares, con miras a iniciarse en 2015, pero aún sin fecha estimada para su entrega, por lo que habitantes de los ejidos afectados han buscado reunirse con funcionarios de la Sedatu y con el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, a fin de poder reevaluar la situación y así, no tener que abandonar sus tierras, ya que estas forman parte de su fuente de trabajo y este proyecto, los excluye desde su inicio de los beneficios del desarrollo que genera al querer humillarlos con un pago indigno e injusto de la tierra”, detalla el punto de acuerdo.

Por todo lo anterior, el documento plantea:

Primero. Se exhorta al secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Jorge Carlos Ramírez Marín), al procurador Agrario (Cruz López Aguilar), al titular del Registro Agrario Nacional (Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez), al gobernador de Tlaxcala (Mariano González Zarur), y al secretario de Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza) para que de manera inmediata se establezca una mesa de trabajo con los habitantes del ejido José María Morelos Buenavista, a efecto de establecer las condiciones del proyecto y los pagos justos por la adquisición de sus tierras.

Segundo. Se exhorta al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, para que en el ejercicio de sus facultades se integren dentro del proyecto Puerto Interior de Tlaxcala, un centro tecnológico con planes de estudio afines a la industria, que brinde educación a nivel profesional a los habitantes del ejido María Morelos Buenavista, garantizándoles a futuro la integración a puesto laborales, dentro del proyecto multimodal.

Tercero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes para que en el ejercicio de sus facultades se integren dentro del proyecto Puerto Interior de Tlaxcala, un centro deportivo que ayude a la integración de grupos y al sano desarrollo de los habitantes del ejido José María Morelos Buenavista.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes para que una vez concluido el proyecto Puerto Interior de Tlaxcala, se les de la preminencia laboral como proveedores de bienes y servicios generales, transporte y mano de obra a los habitantes del ejido José María Morelos Buenavista, con la finalidad de llevar a cabo lo establecido en la recomendación número 77 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.