El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso cancelar los contratos con los reclusorios privados ya que los consideró abusivos porque con estos acuerdos “se nutría el poder económico y político”.

Durante los últimos nueve años, el gobierno realizó pagos anuales por 75 mil 661 millones de pesos, correspondiente al 36 por ciento del pago total, pues todavía resta un monto de 190 mil 638 millones de pesos, según una revisión del gobierno federal.

El mandatario pidió al consejero jurídico de la Presidencia actuar en dos vías; en la primera se busca hablar con los proveedores de los servicios penitenciarios para llegar a un acuerdo, en beneficio de la Hacienda Pública.

“Lo siguiente, o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo, aquí vamos a estar informando”, dijo en su habitual conferencia “mañanera”.

El presidente señaló que en los sexenios pasados hubo abusos “de todo tipo” y dijo que las empresas estaban vinculadas a los políticos. Recordó que no ha sido el único caso de contratos millonarios que se ven opacados por la corrupción.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer la existencia de ocho contratos de prestación de servicios penitenciarios, los cuales tienen un convenio con el gobierno que fue suscrito, en siete casos, el 27 de diciembre de 2010.

Los convenios se firmaron en el sexenio de Felipe Calderón, mientras Genaro García Luna era secretario de Seguridad.