El gobernador Miguel Barbosa Huerta busca establecer recortes presupuestales al que deberán someterse los poderes Legislativo y Judicial, todos los municipios y los órganos autónomos de Puebla.

La nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público no solo busca el control de los salarios y prestaciones del personal, sino también controlar el gasto general de todas las instituciones.

Su iniciativa enviada al Congreso local contempla un “Programa Estatal de Reducción del Gasto Público” y unas “Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos”.

Con estos mecanismos el mandatario de Morena, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, fijaría recortes y limitaría el gasto mediante ciertos requisitos y obligaciones que deberán cumplirse.

El artículo 125 del proyecto de ley advierte: “el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría establecerá en la Ley de Egresos, las disposiciones generales a que habrá de sujetarse al emitir el Programa Estatal de Reducción de Gasto Público, así como la Secretaría de Administración al emitir las Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos”.

El 126 señala: “los Ejecutores de Gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán observar las disposiciones señaladas en el artículo anterior, así como aplicar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los Programas Presupuestarios a su cargo”.

Como “ejecutores de gasto” la iniciativa identifica a los poderes Legislativo y Judicial, las secretarías de estado, los municipios, los Órganos Públicos Descentralizados (OPD) y los órganos constitucionalmente autónomos.

Esto significa que los recortes y ajustes obligatorios aplicarían para el Congreso del estado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Instituto Electoral del Estado (IEE), el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

También para la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Comisión de Derechos Humanos (CDH), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipue).

En razón de esto partidos y diputados de oposición han advertido que la iniciativa de Barbosa Huerta parece inconstitucional por invadir la autonomía municipal y la división de poderes.

También va por subejercicios

La Ley de Presupuesto y Gasto Público que impulsa el mandatario también contempla quitar a las secretarías de estado y a los OPDs los recursos de origen estatal que no gasten en un periodo de tres meses.

El artículo 52 obligaría a dichas entidades a devolver a la Secretaría de Planeación y Finanzas el dinero que les sobre y no tengan comprometido o devengando.

“Las Entidades deberán reintegrar los Subejercicios del Gasto que se generen respecto de las Transferencias de recursos estatales, que no hayan sido comprometidas ni devengadas, dentro de los diez días posteriores al cierre de cada trimestre. Quedan exceptuados de esta disposición los recursos que deriven de convenios suscritos con la Federación”, advierte.

Y el 53 indica que será el propio Barbosa Huerta quien determine en qué se ocuparán los recursos que se acumulen cada tres meses por dichas devoluciones.

“La Secretaría (de Finanzas) reasignará los Subejercicios del Gasto que generen las Dependencias y Entidades al cierre de cada trimestre, de conformidad con los requerimientos del Estado y las prioridades que determine el Ejecutivo Estatal”, señala el texto.