La Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad Privada A.C. (Anainse) denunció que en Puebla hay sobrerregulación y altos costos por el trámite de permisos para operar, por lo que exigieron homologar la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Puebla con la reglamentación federal.

Durante una rueda de prensa ofrecida la mañana de este miércoles, el representante de la Anainse, Agustín Fernando Ortiz Figueroa, señaló que los problemas vienen desde el año 2017 cuando se reformó la fracción VII del apartado B del artículo 27 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla.
Ortiz Figueroa señaló que a partir de ese momento se ordenó contar con el certificado de control de confianza vigente expedido por el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, situación que difiere con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El empresario señaló que este tipo de sobrerregulación contradice el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde se establece que los estados no pueden exceder los requisitos establecidos en la reglamentación federal, por lo cual hicieron un llamado al Congreso del Estado de Puebla para que se realice la homologación correspondiente y se eliminen los requisitos excesivos.
Se paga el doble que el permiso federal
Señaló además que cada empresa de seguridad privada debe realizar el pago de derechos por los permisos que exige el gobierno del estado, entre los cuales se encuentra la autorización por cada modalidad de tipo de seguridad, que en el caso de Puebla son nueve, por cada una de las cuales se debe pagar 55 mil 810 pesos.
Adicionalmente cada empresa debe pagar una revalidación anual por cada modalidad, por 27 mil 915 pesos, mientras que el trámite de la cédula de permiso cuesta 160 pesos; la inscripción de cada trabajador, 715 pesos; la carta de no antecedentes penales, 260 pesos; el examen toxicológico, 270 pesos; el curso de capacitación, 2 mil 900 pesos y las copias certificadas procesos de cada año, 4 mil 500 pesos.
Adicionalmente señalaron que cada trabajador debe contar con el examen de control de confianza, que es de 2 mil 550 pesos, por lo que en total cada empresa debe pagar aproximadamente 95 mil 80 pesos, sin contar las múltiples modalidades que puedan ofrecer en sus servicios.
Dichos costos casi duplican lo establecido en el orden federal donde se señala que la autorización por cada modalidad es de 19 mil 169 pesos y la revalidación tiene el mismo precio, además de que los gastos de inscripción, antecedentes policiales y examen toxicológico, suman 46 mil 315 pesos.
Recordaron que es excesivo aprobar o solicitar un examen de control de confianza para este tipo de personal, ya que no realizan actividades en materia de seguridad pública y solamente se dedican, principalmente, a abrir puertas o cuidar empresas de la puerta hacia adentro, nunca en el área de la vía pública, situación por la cual se diferencian de un policía.
Los empresarios señalaron que la renovación de todos estos permisos, así como los trámites que necesitan para inscribir a cada trabajador, se han vuelto insostenibles a raíz de la pandemia, impactando directamente a 222 empresas que se encuentran operando y que cuentan actualmente con el registro estatal y que ofrecen trabajo aproximadamente a 10 mil personas en la entidad.