Ciudadanos y empresarios de San Martín Texmelucan hicieron un llamado al Gobierno del estado de Puebla para que atienda el problema de ingobernabilidad e inseguridad en este municipio, producto de actos de corrupción y la complicidad de la alcaldesa Norma Layón.

A través de un comunicado de prensa, informaron que desde octubre de 2018 fue “notorio” el incremento de actos delictivos, pero de mayo a la fecha se agregaron los fenómenos de abuso de autoridad, extorsión y amenazas por parte de quienes se supone tendrían que velar por la seguridad de los texmeluquenses. 

El pronunciamiento fue hecho por la Coparmex Texmelucan, Canaco Texmelucan, Colegio de abogados, Colegio de Contadores, Colegio de Arquitectos y ciudadanos de Texmelucan.

Señalaron de manera directa al Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jorge Alberto Ramos Cruz, por promover y solapar estos actos ilegales ya denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.

“La forma en la que operan los elementos de tránsito no deja lugar a dudas sobre la presencia de una red de corrupción y complicidad que afecta la estabilidad social, así como la cadena productiva de la región, ya que estos servidores públicos detienen a camiones de carga de proveedores, clientes y a cualquier ciudadano que transite con placas foráneas y bajo el menor pretexto retienen y solicitan dinero en efectivo que puede ir de los 5,000 y hasta los 15,000 pesos”. 

“De manera inmediata y coincidentemente, una grúa llega al lugar para generar presión y en caso de no acceder a la “mordida”, la unidad es rápidamente trasladada al corralón y el conductor a los separos municipales”. 

Afirmaron que, en caso de no acceder a sus chantajes, se tiene que pagar el arrastre y la supuesta multa. Ocurren al menos cuatro casos diarios, afectando la entrega de productos, especialmente perecederos. 

Incluso muchos de los conductores han sido golpeados de manera impune.

En días pasados un ciudadano del municipio fue agredido de manera violenta y trasladado a los separos municipales, solo por grabar y documentar estos actos ilegales. 

Fueron violentados sus derechos humanos en el lugar donde documentaba con su teléfono móvil la corrupción de los agentes de tránsito y fue también agredido dentro de los separos “para darle un escarmiento”, tal como lo sustenta la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado. 

Lo peor viene cuando el propio responsable de la seguridad municipal, Jorge Alberto Ramos Cruz, asegura que cuenta con el respaldo del Estado, quien lo colocó en dicha posición dentro del gabinete municipal. 

“El pasado criminal de este personaje ha quedado documentado a su paso por la Procuraduría y posterior Fiscalía de Chiapas y de la Policía Especializada de aquella misma entidad, donde pesan contra él denuncias por tortura y corrupción”, acusaron. 

“En reiteradas ocasiones hemos intentado dialogar con la autoridad municipal para exponer esta red de corrupción, pero no hemos recibido respuesta alguna”. 

“Por todo lo anterior, pedimos la destitución inmediata del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jorge Alberto Ramos Cruz, con fundamento en los artículos 58, fracción IV y 62, fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla o bien, que sea el propio Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien tome las riendas de la seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Raciel López Salazar”.

“Hacemos un llamado al gobernador Miguel Barbosa para que, a través del titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez y de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, se establezcan mesas de trabajo donde podamos exponer esta difícil situación que afecta la dinámica social y económica de nuestro municipio, encontrando juntos una solución concreta.

Dejaron en claro que su postura está ajena a tintes partidistas o intereses políticos.

Expusieron que la remoción de otros involucrados, ligados a esta red de corrupción, será celebrada, pero no están satisfechos de recibir un paliativo cuando se puede extirpar el cáncer de raíz. 

Confiamos que la autoridad estatal será sensible a esta petición que no surge del capricho, sino del hartazgo colectivo sobre actos que se supone, con la Cuarta Transformación serían erradicados, concluyeron.