Nueve días después de aprobarse en Puebla la nueva Ley de Educación, las dirigencias nacionales del PAN y el PRI la condenaron por considerar que es autoritaria y quebranta el estado de derecho.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, reprobó la normativa impulsada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta al afirmar que es una muestra de que Morena tiene un “proyecto autoritario”.

A través de sus redes sociales, advirtió este domingo que el nuevo marco legal permitirá al gobierno “tomar el control” de la educación privada.

Morena exhibe cada día más su proyecto autoritario. Ahora en Puebla, @MBarbosaMX toma el control de la educación privada, sin respetar el derecho de cada padre de decidir donde estudian sus hijos

Sin duda muy pronto el pueblo de México les pondrá un frenohttps://t.co/F1CUxnT2mq

— Marko Cortés (@MarkoCortes) May 24, 2020

El panista reclamó que el mandatario intenta violentar el derecho de los padres de familia para decidir a dónde estudiarán sus hijos, por lo que advirtió que la ciudadanía “pondrá un freno”.

“Morena exhibe cada día más su proyecto autoritario. Ahora en Puebla, @MBarbosaMX toma el control de la educación privada, sin respetar el derecho de cada padre de decidir donde estudian sus hijos. Sin duda muy pronto el pueblo de México les pondrá un freno”, publicó.

Quebranta estado de derecho: PRI

El PRI por su parte acusó que la nueva Ley de Educación quebranta el estado de derecho y tiene vacíos legales.

En un tuit la dirigencia nacional alertó que la normativa genera “incertidumbre jurídica”, razón por la cual los diputados locales votaron en contra.

“En el PRI votamos en contra de la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, pues consideramos que no representa a quienes tiene que representar, quebranta el estado de derecho y tiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica”, sentenció el tricolor.

Todo esto tras darse a conocer en medios nacionales el contenido de la nueva Ley de Educación, que fue aprobada por la mayoría de Juntos Haremos Historia en el Congreso del estado el pasado 15 de mayo, justo en el Día del Maestro.

En el PRI votamos en contra de la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, pues consideramos que no representa a quienes tiene que representar, quebranta el estado de derecho y tiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica.

— PRI (@PRI_Nacional) May 24, 2020

Además en un comunicado agregó que esta legislación constituye un atentado en contra de la propiedad privada, que es un derecho fundamental y resultado directo del trabajo de las personas.

“México no sólo es víctima de la pandemia de COVID-19, sino también de la irresponsabilidad con que actúan integrantes del partido en el gobierno, que se ha convertido en parte del problema”, indicó este partido.

Se consideró que a costa de distraer la atención pública de lo “verdaderamente importante”, que es atender la emergencia sanitaria y económica, se lanzan propuestas que violentan los derechos humanos, destruyen instituciones y no contribuyen a cerrar la brecha de desigualdad.

“La Ley de Educación del estado de Puebla es una muestra más de la arbitrariedad con la que se está legislando en todo el país. El PRI expresa su respaldo total a la decisión de sus diputados locales, de no apoyar ninguna reforma que atente contra los derechos de las personas y debilite a las instituciones”, se expuso.

Amarran las manos a escuelas privadas

Con la nueva Ley de Educación el gobierno de Puebla regulará nombres y colores de escuelas, tendrá injerencia en los cobros de instituciones privadas y ordenará a universidades públicas, como la BUAP, a cooperar con las auditorías de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La ley se aprobó tan solo cuatro días después de que el gobernador envió la iniciativa al Poder Legislativo, sin incluir las propuestas del Consorcio Universitario, conformado por la BUAP, la UPAEP, la UDLAP, la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac y la Universidad Madero, que advirtieron que la nueva legislación es abusiva.

A raíz de la ola de críticas en redes sociales, este domingo Barbosa Huerta señaló que el Consorcio Universitario se opone a la Ley de Educación porque perjudica sus intereses económicos y porque la agrupación ya no recibe las “canonjías” que antes tenía.

Foto: Especial