La bancada del PAN en el Congreso de Puebla acusó que la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta aprobada en el Congreso local es una "dedicatoria" para perseguir, con fines políticos, a la BUAP.

El coordinador de los diputados locales, Oswaldo Jiménez López, señaló este martes que la norma avalada la semana pasada pretende someter a la universidad a los caprichos del mandatario de Morena y de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En rueda de prensa por internet recordó que desde el año pasado se intentó fiscalizar los recursos federales de la institución, a pesar de que la ASE carecía de facultades para ello, por lo que aseguró que con la nueva ley se buscarán justificar las revisiones.

Esto en vista de que la nueva ley ordena a los institutos y universidades públicas, como la BUAP, a ceder a la fiscalización que decida practicarles la ASE y cooperar en ellas.

El artículo 121 incluso advierte que, si en la revisión se detecta alguna anomalía, se fincarán responsabilidades civiles o penales.

“Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo. En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan”, sentencia.

La 4T quiere control de educación 

Jiménez López aseveró que la Ley de Educación es el primer paso para que los gobiernos de Morena tomen el control de la educación en todo el país.

Vio a la entidad poblana como un "laboratorio" para experimentar con las nuevas medidas, pues se dijo convencido de que serán replicadas en otros estados y a nivel federal.

El sobrino del exgobernador Antonio Gali Fayad denunció que son abusivas las facultades que la Ley de Educación confiere al gobierno del estado, ya que tendrá injerencia en las cuotas de escuelas privadas y podrá condicionar el aval de los planes de estudio si el contenido le parece inadecuado.

Al ver esto como un riesgo para la libertad de cátedra en las universidades y la auto gestión de las instituciones particulares, acusó que la norma resulta regresiva y dictatorial.

Controversia constitucional y amparos

Por ello insistió en que su partido impulsará una defensa jurídica contra la ley, ya sea por medio de amparos o mediante controversias constitucionales.

Se dijo dispuesto a promover entre los diputados locales de oposición la presentación de la controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero si no se juntan las firmas de los 14 que se necesitan como mínimo, aseguró que de todos modos las escuelas se defenderán 

Sin precisar los nombres, afirmó que varias instituciones con las que ha dialogado ya alistan la interposición de amparos una vez que se promulgue la ley.