Antes de abordarse la despenalización del aborto en Puebla, el Congreso del estado alargará otra vez la discusión del tema porque insistirá en realizar foros para escuchar las posturas a favor y en contra del tema.

A pesar de que en 2019 también se anunciaron dichos encuentros y no se realizó ninguno, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, encargada de discutir las reformas, prometió retomar el asunto el próximo año.

La diputada María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la comisión, aseguró que ahora sí habrá tiempo para analizar la interrupción del embarazo, ya que el año que termina “fue muy complicado”.

En entrevista adelantó que se convocará a todos los grupos interesados en formar parte del debate, sin importar su ideología.

En entrevista señaló que con esto los diputados se “informarán” del sentir de la ciudadanía antes de decidir su voto, a favor o en contra de la iniciativa.

Sin dar fecha aproximada para llevar a cabo los foros, afirmó que la iniciativa se abordará en el transcurso de 2020 y en el mismo año se pondrá a votación de los legisladores.

No temen costo político

Cabrera Camacho descartó que su bancada del PT o la coalición Juntos Haremos Historia teman repercusiones políticas en las próximas elecciones si aprueban o rechazan despenalizar el aborto.

Al catalogar el asunto como un “tema polémico”, opinó que es normal que haya consecuencias sociales si se avala o frena la despenalización, pero refirió que en cualquier escenario se buscará que la mayoría quede conforme con la legislación.

La iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo fue impulsada desde 2018 por la diputada del PRI Rocío García Olmedo, pero el bloque de Morena, PT, PES y PVEM la bloqueó en la sesión del 8 de octubre de este año, cuando volvió a ponerla a debate.

Tras la negativa de la coalición Juntos Haremos Historia, la priista presentó otra vez su iniciativa y ahora está en espera de ser analizada.

La propuesta consiste en modificar el artículo 343 del Código Penal del estado, que actualmente establece una pena de seis meses a un año de cárcel para las mujeres que aborten.