Ciudadanos, empresas y organizaciones consideran que la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio podría derivar en abusos por las facultades que otorga al gobierno y han decidido ampararse.

Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se han registrado unos 2 mil recursos en contra de dicha ley.

La nueva Ley de Extinción de Dominio permite a las autoridades vender propiedades incluso antes de que un juez dicte la sentencia declarando la extinción de bienes, incluidas cuentas bancarias, según una nota del periódico Reforma.

También faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales aplicarla sobre hechos que tuvieron lugar antes de su entrada en vigor, el pasado 10 de agosto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) --en la gestión de Luis Raúl González Pérez—impugnó estas normativas ante la Suprema Corte, a través de una acción de inconstitucionalidad.

"La Ley permite un margen de aplicación muy amplio que posibilita actuaciones injustificadas, pues autoriza sin precisar categorías ciertas, cualquier tipo de bien incautado podrá ser susceptible de venderse anticipadamente", indica la demanda que se resolverá en 2020.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, antes Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), será la dependencia que decida cuando la “naturaleza de un bien” permita su venta anticipada, lo que a decir de la CNDH atenta contra el derecho de seguridad jurídica, indica Reforma.

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