Desde la perspectiva de la Asamblea Social del Agua, que ha ganado casi 500 amparos a Concesiones Integrales S.A. de C.V., o Agua de Puebla, la reforma que ayer concretó el Congreso del estado para frenar cortes de servicios por adeudo se hizo a modo para beneficiar a la empresa, pues no da garantías a los ciudadanos.

Aunque se establece la prohibición, explicó el abogado Omar Jiménez, se plantea que ahora los ciudadanos se vayan a un recurso de inconformidad que sólo llevaría a negociaciones de cobros excesivos y no justificados, como se ha visto en los casos que han defendido legalmente.

"Proponen ir y decir, oye concesionario, me vengo a quejar de ti porque me estás cobrando mucho y resuélveme cuánto es lo que tengo que pagar", explicó.  

También se abre la posibilidad para que la concesionaria recurra a los embargos de un crédito fiscal, figura para la que legalmente solo están facultados el gobierno estatal y las dependencias, cuando ellos son sólo una concesionaria.

  "Eso es más grave todavía porque un crédito fiscal es aquella relación que se genera entre un contribuyente del ámbito estatal y federal", explicó.  

Al irse a juicio por un posible embargo, agregó, la empresa estaría obligada a exponer documentos notariales en los que se demostrara quiénes son los verdaderos dueños de Concesiones Integrales S.A. de C.V., información que se ha mantenido opaca desde que se le dio el control de los servicios de agua potable en el morenovallismo.

Desde que en la asamblea inició su actividad defensora han iniciado 510 juicios de amparo y ha ganado en un 97 por ciento de los casos, pues de acuerdo con Jiménez, los propios jueces y autoridades federales ha reconocido que al tratarse de una empresa, no tiene facultad para realizar cortes.

Con la entrada en vigor de la reforma aprobada ayer por los diputados, dijo, se prevé continuar con la misma vía de defensa para combatir tanto los cortes como el alza injustificada de adeudos.

Foto: Agencia Enfoque