El Congreso de Puebla descubrió que carece de facultades para revocar la concesión del agua, así que dejó el trámite en manos del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Tras el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se revise el marco legal sobre la privatización del líquido, el líder de los diputados locales, Gabriel Biestro Medinilla, anunció que el Poder Legislativo no puede hacer nada al respecto.

En entrevista este miércoles señaló que el contrato entre el Soapap y Concesiones Integrales (propietaria de Agua de Puebla), no fue avalado por los diputados, así que no puede invalidarse desde el Congreso.

El coordinador de la bancada de Morena calificó como “un afán trinquetero” el hecho de que el Sistema Operador de Alcantarillado y Agua Potable de Puebla (Soapap) haya firmado en 2013 el convenio con la concesionaria sin que pasara por el legislativo.

Al gobierno del panista Rafael Moreno Valle lo acusó de estar “en contra del pueblo” y favorecer a la empresa con un contrato que tiene “nudo tras nudo”, lo cual impide la revocación.

Por ello reconoció que la promesa de echar abajo la concesión no podrá concretarse desde el Poder Legislativo, pero confió que desde el Ejecutivo sí.

“Traíamos un proyecto para revocar el convenio, pero nunca pasó por el Congreso, nunca pasó por aquí; entonces se va a ver por medio de la vía jurídica, pero le toca al Ejecutivo, porque el convenio se firmó por un OPD y no por el Cabildo”, pronunció.

Si bien aseguró que antes de que concluya la LX Legislatura, en septiembre de 2021, ya se habrá cancelado el contrato, no dio un estimado de cuándo se conseguirá esto.

Congreso solo hará reformas

Biestro Medinilla anunció que, por ahora, el Poder Legislativo solo hará reformas a la ley para evitar que la revocación cueste a los ciudadanos o a las arcas públicas.

Adelantó que la próxima semana se aprobará una modificación a la Ley de Agua del estado para prohibir a Agua de Puebla que corte el servicio a usuarios que consuman menos de 300 litros diarios, o que para llevarlo a cabo utilice la fuerza pública.

En los casos donde el consumidor exceda los 300 litros, la empresa podrá suspender el abasto, pero se le prohibirá el uso de la fuerza pública para intimidar a los usuarios.

Esta reforma fue presentada desde el 31 de julio por Biestro Medinilla y la diputada del PES, Nora Yéssica Merino Escamilla.

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