El gobierno de Puebla solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la apertura de la investigación que realizó sobre el desalojo violento de 2014 en la junta auxiliar de Chalchihuapan, en la que un niño perdió la vida y más de medio centenar de pobladores resultó herido.

Así lo anunció el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien puntualizó que la solicitud no tiene el fin de juzgar al exgobernador Rafael Moreno Valle, fallecido en diciembre de 2018, sino que se castigue a los responsables que no recibieron ninguna sanción.  

Fue el 9 de julio de 2014, cuando la administración morenovallista ordenó usar la fuerza pública para desalojar a pobladores de Chalchihuapan, en Santa Clara Ocoyucan, que obstruían la autopista a Atlixco, para exigir que les restituyeran la oficina del Registro Civil.

En el acto, que se amparó en la llamada “Ley Bala”, resultaron heridos más de 50 pobladores, así como una veintena de policías estatales y fue herido de muerte un niño de nombre José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

La CNDH abrió una investigación por violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores, la cual cerró en 2018, al considerar que el gobierno poblano cumplió las 11 recomendaciones que le hizo para reparar el daño.

Se busca sancionar a los responsables

En entrevista, tras presidir una ceremonia por el aniversario de la consumación del Movimiento de Independencia, Barbosa dio a conocer que una vez que haya condiciones solicitará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado que el caso se abra y lo mismo solicitará a la CNDH.

El gobernador indicó que la intención es que los responsables reciban una sanción por los actos violentos, que también es un compromiso que realizó con los pobladores afectados, entre ellos, la madre de José Luis, Elia Tamayo Montes.

“… una vez que haya condiciones, se va a solicitar su reapertura en la CNDH, para que se haga la investigación que se debió haber hecho, no para juzgar a un muerto, sino para que se investigue completamente y se castigue a los responsables”, comentó.

Recordó que la actual legislatura, integrada en su mayoría por diputados de Morena, intentó abrogar la llamada “Ley Bala”, pero los exgobernadores José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido vetaron la iniciativa, bajo el argumento de que era necesario contar con otra normativa que la reemplazara.

También hizo mención de que el gobierno federal impulsó recientemente la Ley Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza, en marzo pasado, la cual requiere una “armonización” en las constituciones estatales.