“No puede haber una

sociedad floreciente y feliz,

cuando la mayor parte de

 sus miembros son pobres

y desdichados”   

Adam Smith  

 

 

La necesidad apremiante de generar políticas públicas  incluyentes para corregir desigualdades y la discriminación, debería ser la prioridad para los congresos en los estados, el Congreso de la Unión, las autoridades nacionales, estatales, funcionarios  y hasta las asociaciones civiles.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  se encuentran datos que  de tomarse en cuenta, estaríamos en el camino de si no ya corregir, cuando menos disminuir esos números que agobian.

Los niños y las niñas, son los primeros que requieren atención. De acuerdo con el Censo de 2010 existen 6.1 millones de niños y adolescentes que están fuera de la escuela, ¿por qué? El  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF,  refiere  que siguen existiendo ciertas barreras que les cortan ese derecho, entre los que se encuentran la lejanía de las escuelas de sus comunidades, docentes que no hablan su lengua materna, la ausencia de registro de nacimiento, la no inclusión en las escuelas regulares de niños con alguna discapacidad, violencia en las escuelas, carencia de recursos económicos, mala alimentación, violencia intrafamiliar  etc.

El 30% de los participantes de la última Consulta Ciudadana consideró que la prioridad para mejorar la calidad de vida en México debe ser la igualdad de oportunidades. En la década pasada México fue la segunda nación más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) después de Chile y la doceava en América Latina, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL).

La relación de ingresos entre el 10%de la población más rica y el 10% más pobre fue de 25 a 1. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010 se destaca que el 44% de la clase trabajadora del país percibe ingresos por debajo de dos salarios mínimos mensuales. A 2010 el 31.8% de los mexicanos no contaba con acceso a algún esquema de salud y 60.7% de la población no tenía seguridad social. Por su parte, estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) del  2010 indican,  que el 46.2% de la población se encontraba en condiciones de pobreza, es decir casi la mitad de la población mexicana no disponía de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Tres años después, esos datos no han mejorado, casi la mitad de la población  no ejerce al menos uno de los siguientes derechos sociales: educación, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Ese mismo Consejo  especifica que Puebla es el municipio en el  estado que tiene el mayor número de pobres al superar los 732 154 habitantes, de un total de 1 539 919 personas.

No hace mucho, apareció en el discurso institucional el tema de la pobreza extrema ¿Sabía Ud. que 10.4% de la población nacional se encuentra en pobreza extrema?. En 190 municipios del país se concentra la mitad de la población en situación de pobreza extrema,  7.4 millones. La mayoría de éstos son municipios pequeños, en localidades rurales y con altos porcentajes de población de habla indígena. (CONEVAL, 2010).

Todos esos mexicanos carecen del ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta alimentaria*, que por cierto, si la analizamos cuidadosamente, no corresponde  a los costos reales de los alimentos ni a la cantidad  necesaria para que ellos estén  bien nutridos.

El  Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que  hay alrededor de 13.7 millones de personas indígenas en el país (6.8  son hombres y 6.9 son mujeres,) en  62 diferentes grupos étnicos. La mayoría de sus  comunidades, 25 000, están ubicadas en zonas de difícil acceso, lo que los vincula  directamente con la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas. Y si, tienen un rasgo común,  el 76.1% de la población de habla indígena vive en la pobreza. Para  atenderlos se ha utilizado erróneamente el tutelaje y el asistencialismo como base para  la acción pública,  lo que da como resultado una política pública que  no ayuda al desarrollo integral de los pueblos indígenas porque  aumenta la desigualdad y la discriminación.

Si bien existen 273 programas y acciones federales relacionadas con derechos sociales y en los estados 2,391 programas, no se ha realizado un padrón único de beneficiarios, no se cuenta con  un alineamiento claro y estratégico de la política social y no existe un seguimiento sistemático de sus beneficios, errores y omisiones.

El programa social de este gobierno,  “La cruzada contra el hambre”  puede representar un retroceso en la calidad de la política social que se ha construido durante las últimas dos décadas en México.  (Azuara, 2013).

No existe en nuestro país, una auténtica sociedad de derechos e igualdad de oportunidades, y en este momento coyuntural de la economía de la mayoría de los mexicanos, la distribución del ingreso  es cada vez más desigual. Hay muy pocos ricos y muchos pobres. Aquí en Puebla se reconoce por ejemplo, que hay  62 municipios con grado de pobreza alta. Un porcentaje significativo de su población no tiene acceso a educación, tiene un ingreso bajo y por tanto, condiciones de vivienda y alimentación precaria. Son en  total  649 688 ciudadanos que representan el 11.24% del total de la población (Méndez, 2014).

La situación de indefensión, de abandono y de incapacidad de la población más vulnerable para exigir sus derechos, satisfacer sus necesidades o para hacer frente a los problemas cotidianos tiene como consecuencia problemas de frustración y estrés  por la desigualdad y la pobreza  que cada día crece más en nuestro país.  Y todavía nos preguntamos si esto tendrá consecuencias  para la paz pública, la fortaleza de las instituciones y en la credibilidad de nuestros gobernantes, diputados y senadores.

Si a esto le agregamos, que ciudadanos que pidieron votos a la ciudadanía, no asumen su responsabilidad, ¿cómo entonces podemos confiar en que la desigualdad y la pobreza  no crecerán?

Notas:

*A dic. 2013, la canasta alimentaria rural tenía un costo de $28.93 diario, $868.03 mensual. La canasta alimentaria urbana  de $40.56 diario, $1216.68 mensual.

 

 

Referencias:

 

• Azuara H.O ,2013. Cruzada Nacional contra el hambre, dudas y preocupaciones. México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas .México D.F

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017    http://pnd.gob.mx/
• e-consulta .  http://archivo.e-consulta.com/blogs/educacion/?p=1227