Formalmente, y de acuerdo a su página de internet, hay nueve partidos políticos con representación en el Congreso Local del estado de Puebla. Ninguno tiene mayoría absoluta. La minoría más grande, o la mayoría relativa, la tiene el PAN, con 31.7% de los escaños (13 diputados). Le sigue el PRI con el 19.5% (8 diputados). Ambos partidos unidos apenas superan el 50% de los votos en el congreso (21 de 41 diputados).

Se trata de un congreso notablemente fragmentado. El índice número de partidos da un valor de 5.5, un valor muy alto. Más en un estado donde se tiene la impresión de que los únicos partidos con una presencia relevante, digamos, para ganar  una elección de gobernador, son el PAN y el PRI. Que apenas tengan, juntos, la mitad de los diputados es pues extraño.

De los siete partidos que se reparten los 20 diputados que nos son ni del PAN ni del PRI destacan el PRD y Nueva Alianza, con cinco curules cada uno, 12.2% del total. Si comparamos estos datos con el porcentaje de estos mismos partidos en congresos locales a nivel nacional, veremos que PRD está ligeramente por debajo en Puebla (su porcentaje en el total de 1,136 diputados locales es 14.4%) mientras que el PNA está por encima (5.5%). Al igual que en Puebla, el PRD tiene el tercer sitio en el total del país. El PNA tiene el quinto, detrás de los tres mayores y del PVEM.

Quedan cinco partidos: Compromiso por Puebla (3 diputados, 7.3%), PVM, MC y PT (2 diputados) y el Partido Social de Integración (un diputado).

Un congreso así está obligado a las alianzas. Lo que no es una novedad en Puebla, pues la anterior legislatura, la LVIII (2011-2014), tuvo una estructura muy similar. Contrastando con lo que había sido el legislativo local hasta entonces, pues el PRI siempre había tenido una muy holgada mayoría absoluta. Las alianzas se dieron y la legislatura anterior funcionó sin sobresaltos.

Incluso fue de menos a más, si consideramos lo que hoy es un aspecto muy importante para cualquier poder público: la página de internet. El congreso de Puebla la mejoró notablemente, permitiendo que cualquier ciudadano accediera a información relevante del congreso. Es decir, avanzó en la transparencia, que es un paso hacia una mejor rendición de cuentas. Faltan varias cuestiones, como hacer accesible el trabajo de comisiones. Es de esperar que la nueva legislatura continúe con esta agenda de transparencia o de comunicación con los ciudadanos iniciada por la anterior pero con puntos pendientes.

Se ha criticado que la mayoría de las iniciativas de ley que llegan al congreso del estado provienen del Ejecutivo local. Hay que aclarar que es algo común a todos los sistemas presidencialistas (es decir, no parlamentarios). El ejecutivo tiene mayor capacidad de hacer iniciativas: tiene más recursos materiales y humanos. Ese predominio es lógico y natural. Aunque es de esperarse que el legislativo no sea solo una caja de resonancia, sino un poder que analice, discuta y corrija en su caso las iniciativas que provienen de otros poderes.

Bien se ha dicho que las funciones del poder legislativo pueden dividirse en tres: las estrictamente legislativas, hacer leyes; el contrapeso a los otros poderes; y la representación y gestión de los intereses sociales. Es imposible, al pensar en las tres, dejar de considerar la que quizá sea el principal limitante de las legislaturas mexicanas: la no reelección inmediata y en la misma cámara. Esta no reelección quita piso a nuestros diputados, les impide continuidad, merma su vínculo con los ciudadanos. Empobrece su desempeño en las tres funciones. Pero ese es otro tema. Algo, mucho a veces, han hecho diputados anteriores en sus tres funciones sin contar con la fortaleza que les puede dar la reelección.

Profesor investigador de la UDLAP