Pese a las evidencias hechas públicas en medios de comunicación el ex fiscal Anticorrupción, Enrique José Flota Ocampo, nunca abrió una carpeta de investigación por los contratos con “empresas fantasma” del Instituto de Educación Digital (Iedep), la Secretaría de Educación Pública (Sep) y la Secretaría de Salud en el sexenio anterior, según confirmó la Fiscalía General del Estado.

En la respuesta a la solicitud de información 01017118 hecha por e-consulta, la FGE informó que durante el periodo de Flota Ocampo (que dejó el cargo en mayo de este año) se abrieron mil 337 carpetas de investigación contra servidores públicos por un total de 30 delitos como homicidio, cohecho, abuso de autoridad, sin especificar cuántas denuncias fueron por cada delito así como el estatus de las mismas.

Se requirió denuncia

En mayo de 2017 cuando asumió el cargo Flota Ocampo reconoció que no estaba en el horizonte de la Fiscalía investigar las irregularidades en los contratos de estas dependencias y oficinas que habrían contratado empresas con domicilios falsos. 

Agregó que únicamente se abrirían carpetas de investigación si se presentaban las denuncias correspondientes. 

Sin embargo, durante el año en el que fue fiscal anticorrupción nadie presentó una acusación al respecto, por lo que los hechos no se investigaron pese a distintos llamados realizados por académicos. 

Desde 2017 e-consulta documentó respecto a los contratos con empresas con domicilios inexistentes como Asesores Bralgi, Consultoría Asiana, Lidernal Soluciones, Baupre Networks, BMG Alianz, Ih Consulting México y NWA del Centro, entre otras.

Se abrieron mil 337 carpetas, pero se desconoce su estatus

La Fiscalía informó que mil 337 denuncias se presentaron por un total de 30 delitos, es decir, homicidio, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, allanamiento de morada, amenazas, asociación delictuosa, cohecho, daño en propiedad ajena, desaparición forzada, así como delitos a la administración de justicia y otros ramos del poder público. 

También se abrieron carpetas de investigación por delito informático, desobediencia de mandato judicial, desobediencia de particulares, despojo, ejercicio indebido, abandono de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, evasión de presos y extorsión. 

Otros casos por los que fueron denunciados los servidores públicos fueron falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, falsificación de documentos en general, fraude, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, lesiones, peculado, privación ilegal de la libertad, responsabilidad médica, robo, tortura y usurpación de funciones. 

Hasta el momento se desconoce cuántas de estas denuncias derivaron en detenciones y consignaciones y cuántas de estas están terminadas.