Con el objetivo de racionalizar el tamaño de la población penitenciaria, el gobernador, Rafael Moreno Valle envió al Congreso una iniciativa de ley de resocialización de los infractores normativos.

La propuesta se analizará por la Comisión de Procuración y Administración, órgano que preside el priísta Gerardo Mejía Ramírez, y de acuerdo a Mario Riestra Piña, no se aprobará en la sesión que se celebrará este viernes.

El proyecto del ejecutivo busca sustituir las penas de prisión por actividades como el trabajo a favor de la comunidad o con el establecimiento de una relación laboral, medidas que sólo se aplicará para quienes estén sentenciados por primera vez y que no sea delitos como secuestro, violación o que pertenezcan al crimen organizado.

En el artículo 2 de la propuesta se indica que: la privación de la libertad personal, decretada mediante sentencia judicial, podrá ser sustituida por una o más de las siguientes medidas: trabajo a favor de la comunidad, relación laboral formal independiente, aplicación educativa o de capacitación y tratamiento de adicciones.

La duración de la pena sustituta será el equivalente a la sanción privativa de la libertad.

Quienes realicen trabajo a favor de la comunidad  tendrán que hacer acciones preferentemente a los servicios públicos y asistenciales, tanto estatales como municipales, pero nunca se vincularán a funciones de seguridad pública o cívica. Las labores podrán ser remuneradas o recompensadas.

En lo que respecta a la relación laboral independiente, la iniciativa plantea que esta actividad puede darse de con cualquier persona “física o moral”, siempre y cuando se valide por la oficina encargada del sistema.

Las aplicaciones relacionadas con el tema escolar y de tratamiento de adicciones, indican que los reclusos que opten por este tipo de sentencias sustitutas podrán realizarlas en instituciones públicas o privadas que estén previamente aprobadas,  y cumplir satisfactoriamente las reglas establecidas.

Asimismo, el proyecto refiere que habrá una autoridad encargada del “control y vigilancia”, y que ésta será la oficina que el gobernador determine.