El Estado debe establecer políticas que permitan alcanzar mejores niveles de aprendizaje de los alumnos y revertir los elevados índices de desigualdad, destacó.

La desigualdad educativa disminuye las oportunidades y priva a las personas de participar en el desarrollo social, destacó con la representación de la consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González, el director de Análisis de Indicadores de este organismo autónomo, Héctor Figueroa Palafox.

Al participar en el Tercer Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional (COLMEE) 2018, efectuado en Montevideo, Uruguay, señaló que la educación es uno de los principales factores que determinan el bienestar personal y otros beneficios sociales.

Dijo que el derecho a la educación de calidad es clave y fundamental para potenciar el desarrollo individual y disfrute de otros derechos. De no garantizarse, resulta imposible resarcir el daño originado al individuo, resaltó.

En el trabajo de Teresa Bracho resalta que el Estado debe establecer políticas públicas que permitan alcanzar mejores niveles de aprendizaje de los alumnos y revertir los elevados índices de desigualdad, así como definir mecanismos, certeros y confiables, para monitorear que la educación que se imparte es la adecuada.  

Al exponer el tema Desarrollo de capacidades: la medición del déficit en competencias. Comparación entre América Latina, OECD y México, Figueroa Palafox informó que los resultados insuficientes se concentran en estudiantes que provienen de familias con mayores carencias, en hogares con mayor proporción de integrantes en edad escolar, cuyo capital cultural inicial y equipamiento ofrecen limitadas oportunidades de aprendizaje.

Con la representación de la consejera presidenta del INEE, comentó que los datos de PISA, de 2003 a 2015, permiten saber qué competencias específicas (matemáticas, lenguaje y comunicación y ciencias) hay que mejorar para disminuir la incidencia del bajo desempeño escolar.

En este trabajo  de Bracho González se desarrolla el Índice de Déficit de Competencia (IDC) que puede utilizarse como un indicador de la calidad en la educación, y calcularse con los datos de cualquier prueba que presente sus resultados a partir de una escala numérica continua de puntajes logrados. Y lo que es más importante para el análisis de políticas educativas, se pueden comparar distintos tipos de pruebas respetando su diseño, criterios normativos y objetivos, sin forzar la comparación.

El caso de México es un buen ejemplo de cómo los promedios no siempre consiguen reflejar la dinámica observada en la población evaluada. Con los resultados del IDC es posible observar avances en la población que no tienen garantizado el nivel mínimo de competencias y permite identificar periodos de mejora, que son observables sólo con los resultados de las pruebas.