Un Sistema de Justicia Penal (SJP) sin funcionar en óptimas condiciones pese a los elevados recursos económicos recibidos -lo que aumentó la percepción de inseguridad-, se registró durante el periodo de Roberto Flores Toledano al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Durante su gestión, que concluyó el pasado viernes, el expresidente del TSJ estuvo envuelto en escándalos como la supuesta presión a los jueces para priorizar sentencias a favor de instituciones bancarias con el propósito de incidir en una mejor calificación para este poder.

En 2014 el Poder Judicial de Puebla ocupó el último lugar en confiabilidad de las 32 entidades federativas, el 31 en imparcialidad de procedimientos, el 29 en confiabilidad de servicios periciales y el 25 en autonomía.

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No funciona de manera óptima el nuevo SJP

El IMCO reveló en su informe sobre Justicia Transparente que los recursos recibidos por la entidad para la implementación del nuevo SJN se encuentran por encima (en alrededor del 40 por ciento) a lo establecido en la media nacional.

En total de 2012 a 2016 el TSJ recibió un presupuesto federal de 140.9 millones de pesos y uno estatal de 387.5 millones de pesos para sumar 528.4 millones de pesos en ambos ámbitos.

Aunque se cuenta con un avance medio alto en el sistema, este “no ha sido constante y suficiente para obtener el nivel óptimo”.

“Esto puede traducirse en que en los últimos años ha aumentado la percepción de inseguridad. Los medios informativos de la región denotan problemas en el sistema de justicia en la operación de éste así como en temas de infraestructura”, establece el informe.

En 2014, Puebla ocupó el último lugar en imparcialidad

El Congreso del Estado aprobó una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de la cual Flores Toledano pudo reelegirse para un segundo periodo que terminaría en diciembre de 2020.

El pasado 12 de enero Flores Toledano renunció a su cargo (que hoy ocupa el exsíndico municipal, Héctor Sánchez Sánchez) a pesar de que durante su informe de labores anunció que no se iría pese al amparo presentado contra la reforma que propició su reelección.

Durante su gestión el Poder Judicial ocupó los últimos lugares a nivel nacional. En 2014 un estudio sobre Indicadores de Confiabilidad y Desarrollo Institucional de la Asociación de Bancos de México, en coordinación con el ITAM, el Consejo Coordinador Financiero y Moody's de México, se reveló que el Poder Judicial de Puebla ocupaba el último lugar en calidad, 29 en confiabilidad en servicios periciales, 27 en calidad y  25 en autonomía.

Asimismo, se encontraba en el lugar 22 en rapidez en los procedimientos ejecutivo mercantiles y 19 en rapidez en los procedimientos ordinarios mercantiles.

Presión contra jueces para mejorar indicadores

e-consulta publicó que para propiciar mejores calificaciones en los indicadores, Flores Toledano presionó a los jueces para que sus resoluciones salieran a favor de las instituciones bancarias.

En 2014, Flores Toledano pretendió reunir a jueces y magistrados con los apoderados legales de los bancos para dar celeridad a algunos juicios mercantiles y definir algunos criterios jurídicos respecto a las resoluciones, lo que provocó la molestia de algunos togados.

En octubre pasado las inconformidades de los magistrados derivó en un juicio de amparo promovido en contra de la reforma que permitía su relección hasta 2020.

Aunque en un principio fue rechazado por un juez de distrito, el promovente presentó una queja ante el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que ordenó al juez entrar al fondo del asunto, al tiempo de ordenar la suspensión provisional de la reforma por la que el actual presidente del TSJ podía permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2020. 

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