A siete meses del inicio de la prórroga para cumplir con las obligaciones de transparencia, ninguno de los 339 sujetos obligados cumplió con la totalidad de las observaciones hechas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (Itaip), reveló la presidenta del organismo, Gabriela Sierra Palacios.

A partir del próximo año se impondrán sanciones a los sujetos que no cumplan, las cuales irán desde los 12 a los 120 mil pesos.

En dos revisiones, observaciones a medias

Gabriela Sierra subrayó que en la primera revisión 121 de los 339 sujetos obligados dio respuesta a las observaciones que les hizo el ITAIP sobre la información que hacen pública, de las cuales solo 69 dieron contestación en los 20 días establecidos para solventar.

En la segunda revisión diagnóstica que se hizo durante el año, estos 69 sujetos obligados que mostraron interés en atender a las recomendaciones del Itaip subsanaron la mayor parte de las fallas, pero no al 100 por ciento.

En entrevista, Sierra Palacios expuso que entre estos 69 se encuentra el Congreso del Estado y el resto son en su mayoría ayuntamientos.

Las áreas de oportunidad identificadas se realizaron con el objetivo de que presentaran una información comprensible y veraz para los ciudadanos.

Entre los más de 300 sujetos obligados por la Ley de Transparencia del Estado de Puebla se encuentra el Poder Ejecutivo, sus dependencias y organismos descentralizados, partidos políticos, ayuntamientos con población mayor y menor a 70 mil habitantes, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos legalmente autónomos como la BUAP, así como sindicatos.

Ahora sí vienen las sanciones

Sierra Palacios recordó que a principios de 2018 se termina la prórroga para que los sujetos obligados cumplan al 100 por ciento con sus obligaciones de transparencia.

Manifestó que hasta finales de enero los sujetos obligados tienen como plazo para subir la información a sus plataformas, por lo que estimó que a partir de ese mes se podrá denunciar el incumplimiento a la ley que establece multas que van desde los 12 mil a los 120 mil pesos según la gravedad de la falta.

Subrayó que en mayo pasado el Itaip y su homólogo de Morelos fueron los únicos integrantes del Sistema Nacional de Transparencia que se opusieron a establecer una prórroga a los sujetos obligados.

A siete meses de la determinación, la comisionada presidenta ratificó la postura del organismo, con el argumento de que se debe dar cumplimiento a la legislación en materia de transparencia.

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