Los arcos de seguridad pública que fueron instalados durante el sexenio pasado tienen equipamiento de “utilería” y los delitos han aumentado en los municipios aledaños a esas instalaciones, acusó Jorge Espina Reyes, consejero del organismo empresarial Coparmex.

Al participar en el Foro sobre Seguridad Pública en Puebla que se realizó este miércoles, el ponente consideró que los más de 400 millones de pesos que el gobierno de Rafael Moreno Valle destinó a la construcción de los dispositivos, no fueron para proteger a la entidad, sino a los delincuentes.

Narró que hace algunos meses, el automóvil en el que se trasladaba se averió cerca del municipio de Palmar de Bravo, en donde hay una estructura de ese tipo, por lo que tuvo que recurrir a un remolque hasta llegar a una gasolinera.

El personal del expendio de combustible le ofreció resguardar el vehículo, pero le advirtió que si llegaban grupos armados, como usualmente ocurre en esa zona, no habría otra opción que entregar la unidad.

En opinión de Espina Reyes, lo anterior demuestra la inutilidad de los arcos de seguridad pública, pues recordó que Palmar de Bravo es uno de los principales municipios en donde operan las redes de robo de combustible.

Por otra parte, reveló que cuando acudió como invitado a la inauguración del arco de seguridad que se localiza sobre la autopista México-Puebla, notó que las oficinas de este estaban vacías, y los pocos muebles o equipo que había era de “utilería”.

En ese tenor, el ponente hizo un llamado a la sociedad para que no guarde silencio ante ese tipo de casos y los denuncie, así como a combatir a la clase política “arrogante” que actualmente representa a la sociedad.

Los arcos instalados por el gobierno de Moreno Valle se encuentran en los municipios de Huejotzingo –autopista México-Puebla–, Palmar de Bravo, Cuapiaxtla de Madero, Atlixco, Altepexi e Izúcar de Matamoros. Para su instalación se destinaron recursos públicos por 681.8 millones de pesos.

Espina también criticó la actuación de organismos civiles como el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia que hasta marzo de 2017 era presidido por el empresario Andrea Ambrogi, pues refirió que se ha especulado sobre la realización de negocios particulares a través de ese tipo de asociaciones.

En febrero pasado, e-consulta dio a conocer que en 2012 la Secretaría de Salud adjudicó por lo menos 70 contratos a grupos de empresarios entre los que se encuentra Ambrogi, quien es titular de la Constructora San Marón.

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