Desde la Cámara baja, legisladores de Morena hicieron un llamado al gobernador del estado de Puebla, Antonio Gali Fayad, para que informe sobre la resolución de las demandas de agua potable de la comunidad indígena de Huaxcaleca.

En un punto de acuerdo firmado por los diputados Araceli Damián González, Cuitláhuac García Jiménez, Rodrigo Abdalá Dartigues y Alejandro Armenta Mier, también se exhorta al gobernador de Puebla a cancelar las órdenes de aprehensión que existen contra algunos vecinos de dicha región, “acusados injustamente por defender los recursos naturales de su comunidad”.

El documento destaca que Huaxcaleca se ubica en el municipio de Chichiquila, catalogado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social entre los 10 municipios más pobres de estados de Puebla.

Municipio que además, dicen los legisladores, tiene una larga historia de represión frente a la lucha social y de caciquismo oportunista frente a la rebelión popular.

Añade que desde 1997, cientos de campesinos de Huaxcaleca, agrupados en la Unidad Nacional Anáhuac, mantienen una lucha constante contra las autoridades municipales y estatales por haberles despojado del sistema múltiple de agua potable.

“Fueron años de lucha, y también de resistencia a los embates de las autoridades, y las tensiones estallaron finalmente el 13 de octubre de 2006, cuando las policías municipal y estatal atacaron a la gente de las comunidades de Huaxcaleca consumando así lo que se temía: el despojo del sistema de agua potable”, añade.

La violencia, la persecución y la criminalización en forma de amenazas, secuestros, calumnias, difamación, golpizas, órdenes de aprehensión y cárcel, tramadas desde 2003 por los gobiernos municipal y estatal, obligaron a los campesinos a ponerse a salvo en otro sitio.

Por lo que en abril de 2007 se trasladaron a la Ciudad de México en donde, para hacer visible su lucha por recuperar la autonomía sobre el sistema de agua potable, se instalaron en plantón frente a la casa de representación del gobierno de Puebla, de donde también fueron desalojados violentamente.

Además, en represalia por su activismo, varios comuneros fueron acusados de motín y despojo, entre otros delitos, por las autoridades locales de Puebla que dictaron órdenes de aprehensión que, sin bien no se han llevado a cabo, sí permanecen como amenaza contra cualquier nuevo intento de lucha o resistencia por parte de los comuneros, advierte el escrito.

“Por ello repudiamos de manera categórica la continuación de esta secuela represiva y exigimos respeto al derecho de libre manifestación de todas estas familias, la devolución del sistema múltiple de agua potable a las citadas comunidades y la cancelación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre los compañeros indígenas y vecinos de la comunidad de Huacaleca, en Chichiquila, para que puedan regresar con tranquilidad a Puebla”, dice el documento que incluye los nombres de 36 personas sobre las que pesan órdenes de aprehensión.