Como una medida  de “apoyo y protección institucional”, el gobernador Antonio Gali Fayad plantea que Víctor Carrancá Bourget, Fiscal General del Estado  (FGE) cuente con un grupo de escoltas al concluir su periodo como titular de la dependencia, y que la prestación  sea por cuatro años.

La propuesta, la cual analizará el Congreso del Estado, se contrapone a la medida aprobada en el sexenio de Rafael Moreno Valle, que eliminó el servicio de escoltas a Armando Archundía, ex procurador general, y a Adolfo Karam, ex director de la Policía Ministerial, funcionarios de la administración de Mario Marín Torres (PRI).

El retiro del servicio de custodia a los marinistas lo propuso en diciembre de 2012 el entonces diputado por Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados.

La iniciativa modificó artículos de la Ley de Seguridad Pública, la cual además de dejar sin seguridad a los ex funcionarios, permitió que  Moreno Valle goce por un periodo de 12 años posteriores a la conclusión de su mandato de un grupo de escoltas con cargo al erario público.

Seguridad para Carrancá llegaría hasta 2027

En 2016, Víctor Carrancá Bourget fue designado como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un periodo de siete años, el cual concluirá en 2023, pero el servicio de seguridad que se propone para el funcionario llegaría hasta 2027.

En los motivos que Gali Fayad expone en su iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se advierte que su función tiene relación con los “delitos de alto impacto”, por lo que deben contar con la “protección adecuada”.

“Tras finalizar la gestión de servidores públicos adscritos a actividades de procuración de justicia relacionadas al combate a delitos de alto impacto, serán acreedores a tener una adecuada protección y seguridad personal, de forma independiente a la conclusión de su encargo, o bien, de la conclusión de los procedimientos penales en los que, a través de sus decisiones, por su ubicación como servidores públicos vinculados a investigación de secuestros y otros delitos de alto impacto, hayan participado, en detrimento de sujetos activos y sus modus operandis”, se expone en la iniciativa que se analizará en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El proyecto del Ejecutivo plantea reformar la fracción XVIII del artículo 8, la cual además de Carrancá Bourget considera como otros beneficiarios de la medida a titulares de las Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, a Fiscales Generales  o Especializados o  al titular de la  Titular de la Agencia Estatal de Investigación.

 “A las personas que hayan ocupado el cargo de Fiscal General, hayan sido titulares de las Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, o bien, el Titular de la Agencia Estatal de Investigación o Fiscales Generales o Especializados que a juicio del Fiscal General lo ameriten, se les asignará servicio de protección y seguridad personal a través de escoltas hasta por cuatro años posteriores a la terminación de su encargo”, refiere la iniciativa de Gali Fayad.

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