Con mil 80 casos, Puebla ocupa el décimo lugar entre las entidades con más personas desaparecidas, reveló el ombudsman Raúl González Pérez, al abordar los casos de desapariciones forzadas en el país.

Por su parte, María del Rosario Arrambide, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que el hecho de que Puebla forme parte de los estados con el mayor número de desapariciones prende focos rojos y hace necesaria una política de prevención.

Puebla, con más casos de personas extraviadas

Al asistir a un foro en el estado de Guerrero, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), González Pérez, destacó que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de enero de 2007 a octubre de 2016 arrojó un total de 29 mil 903 casos, de los cuales 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal.

Subrayó que el 82.71 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas, que corresponde a 23 mil 934 casos,  se concentra en 11 estados de la República. 

Con el mayor número de desapariciones está Tamaulipas con 5 mil 563 (19 por ciento); seguido del Estado de México con 2 mil 984 (10.31 por ciento); Jalisco 2 mil 523 (8.71 por ciento); Sinaloa 2 mil 385 (8.24 por ciento) y Nuevo León 2 mil 374 (8.20 por ciento).

Le sigue el estado de Chihuahua con mil 933 casos (6.68 por ciento); Coahuila mil 620 (5.59 por ciento); Sonora mil 288 (4.45 por ciento) y Guerrero mil 155 (3.99 por ciento).

En esta medición Puebla es décimo con mil 80 (3.73 por ciento) y Michoacán mil 29 (3.55 por ciento).

Desaparición forzada, una violación pluri ofensiva

González Pérez sostuvo que la desaparición forzada constituye una violación pluri ofensiva que atenta no solo en contra de la persona desaparecida, de sus allegados y familiares.

“Estamos ante una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y que los estados están obligados a respetar y garantizar”, dijo.

Destacó la importancia de contar con una legislación que se aplique a combatirla con base en estándares internacionales.

“Se requiere no solo una justicia punitiva, sino restaurativa, garante de los derechos de las víctimas, directas e indirectas”.

Manifestó que en esta reglamentación las autoridades deben realizar investigaciones profesionales y transparentes, acordes con los principios del debido proceso y ajenas a la impunidad.

Entre las causas que generan la desaparición forzada González Pérez destacó la ausencia de una ley general que regule aspectos de desaparición forzada, la cual se discute en el Poder Legislativo y la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda y localización.

También mencionó las inconsistencias en la definición jurídica de los diversos tipos de desaparición; falta de equipos profesionales en la búsqueda; ausencia de un adecuado registro y la utilización indistinta de los órganos de procuración de justicia de los estados de los conceptos de desaparición, extravío, no localizados y ausentes, así como ausencia de coordinación entre autoridades, entre otros conceptos.

Se prenden focos rojos en Puebla

Para la académica y experta en derechos humanos, María del Rosario Arrambide, se prenden los “focos rojos” por el hecho de que la entidad forme parte de los 10 estados del país con el mayor número de desapariciones.

Manifestó en las más de mil 80 desapariciones registradas en el estado hay casos en los que está relacionada la delincuencia organizada y también los agentes estatales.

“Las cifras son preocupantes. Estar dentro de los 10 estados prende focos rojos. Es necesario adoptar medidas de prevención”.

Subrayó que una de las principales problemáticas en torno a las desapariciones forzosas es la existencia de obstáculos en el acceso a la justicia.

La especialista coincidió en que como medidas de prevención se debe contar con la Ley General en la materia; acceso a la justicia; respuesta inmediata de las autoridades; bases de datos actualizados y prevención en materia de seguridad, entre otras.

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