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Desapariciones forzadas se han agudizado, acusa organización
Para Ollin Amaro, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) la desaparición forzada no está resurgiendo en Puebla, sólo se ha agudizado, pues la práctica es una figura que ha permanecido en los gobierno de todo el país.
Así se refirió Amaro al caso de los siete jóvenes cuyo levantamiento ha sido denunciado en la colonia Lomas de San Miguel.
“Como organización sostenemos que esta práctica de desaparición forzada se está agudizando. Sabemos que del periodo de Felipe Calderón a la fecha son 300 mil desapariciones, en el caso de Puebla este modelo sólo ha repuntado”.
Señaló que si el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, no es el responsable, como ha sido señalado, de estar vinculado a este levantamiento, sí lo es por la no presentación de los jóvenes y de la investigación exhaustiva de su paradero.
Amaro precisó que la primera desaparición forzada se ha documentado en 1964, y a partir de ese momento nunca desaparece en el país.
Ollín anunció que se llevará a cabo en la Universidad Iberoamericana el foro “Gumaro Amaro Ramírez, 27 años de impunidad”, en ocasión del aniversario número 27 de la ejecución extrajudicial del dirigente social Gumaro Amaro.
Señaló que además de denunciar el caso se analizará la situación que en materia de derechos humanos prevalece en Puebla en la actualidad, “resultado de la imposición del Estado policiaco-militar y el terrorismo que de él emana”.
Gumaro Amaro fue asesinado la mañana del 17 de febrero de 1989 a las afueras de su domicilio, de ocho tiros, por 4 agentes del gobierno vestidos de civil. La orden –asevera Ollín Amaro- fue directamente del entonces gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya.
Acusó que las repercusiones actuales de represión, desde entonces, se han extendido hacia la familia pues en 1992 María de Lourdes Ayometzi Rojas, viuda de Gumaro Amaro, fue hostigada e intimidada para obligarla a firmar su renuncia como trabajadora en la Preparatoria Benito Juárez, de la UAP.
“Desde la perpetración del crimen de lesa humanidad-de Estado, en febrero del 89, no hemos dejado de exigir juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales, a los consejos universitarios en turno, que en su calidad de máximo órgano de autoridad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se pronuncien por el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial Gumaro Amaro y que por otro lado sea reparado el daño la familia y consecuencias desglosadas, sin embargo, la institución se ha negado rotundamente a dar solución a la legítima demanda”, acotó Ollín Amaro.