Este domingo se cumplieron tres años del enfrentamiento entre policías estatales y pobladores inconformes por el retiro de registros civiles en juntas auxiliares, en el que el menor José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo recibió el impacto de un objeto en la cabeza que le quitó la vida, sin que su madre Elia Tamayo Palaciossepa hasta hoy quién fue el responsable.

El homicidio puso a San Bernardino Chalchihuapan, en Santa Clara Ocoyucan, en el ojo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y emitió 11 recomendaciones a la gestión del ex gobernador y hoy aspirante a presidente, Rafael Moreno Valle, quien las dio por cumplidas el 26 de diciembre, pero no Elia Tamayo.

La falta de justicia, explicó Tamayo Palacios, antes de la marcha #PoblanosXlapaz en la que participó este domingo, no sólo se queda en el caso de su hijo y en el de otros pobladores agraviados por el enfrentamiento de 2014, sino en la injusticia que se ha tenido como consecuencia en otros casos.

Entre ellos, reconoció, se encuentra el asesinato acontecido hace 10 días, de Meztli Sarabia Reyna, activista e hija de Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio.

"Ellos – el gobierno-  siempre aclaman y dicen que han cumplido, pero se está mirando el mero reflejo con lo que estamos viviendo. Aquí seguimos esperando justicia y nunca ha podido llegar. Dicen que ya cumplieron, pero en lugar de que esto se pare, siguen aumentando los muertos y eso no se vale, necesitamos respeto", criticó.

Mientras ella sigue sin saber quiénes fueron los responsables de la muerte de su hijo y éstos siguen fuera, agregó, en las cárceles las autoridades estatales mantienen recluidas a personas inocentes, en referencia a los presos políticos.

En los últimos meses de 2016, Tamayo Palacios denunció que a través de sus abogados y del secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, la presionaron para aceptar una indemnización de 1.7 millones de pesos a cambio de la liberación de Javier Montes Bautista, ex presidente auxiliar de Chalchihuapan. 

Para Araceli Bautista Gutiérrez, madre del ex funcionario y quien fue encarcelado tras los enfrentamientos, el de su hijo fue también uno de los casos en los que la administración estatal impuso mecanismos para frenar aspiraciones políticas a críticos.

"Supuestamente Javier iba a poder litigar su asunto, pero no, ellos sacaron a Javier de una forma controlada, que no va a poder hacer nada porque salió sentenciado. El gobierno del estado ha maniatado de alguna manera y sigue maniatando a todos los líderes sociales, ¿para qué?, para que no aspiren a nada en 2018", dijo.

A tres años de lo acontecido, Bautista Gutiérrez considera que la tensión en Chalchihuapan se calmó pero la comunidad la habita una población que, al haber acumulado agravios, podría volver a reaccionar ante abusos de la autoridad.

El enfrentamiento en esta población y la inconformidad en otras juntas auxiliares acontecieron en 2014, cuando el gobierno de Moreno Valle dispuso el retiro de los registros civiles en estas demarcaciones sin considerar que se violentaban usos y costumbres y que en varios casos las oficinas de las cabeceras quedaban lejos de las comunidades.

Además de Montes Bautista, otros dos presidentes auxiliares que estuvieron en prisión tras inconformarse por la decisión de la administración morenovallista y que están con procesos pendientes son Leonardo Báez Serrano, de La Resurrección y Raúl Pérez Velázquez, de San Miguel Canoa.

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