A tres años del homicidio de José Luis Tehuatlie Tamayo, ocurrido durante el desalojo de manifestantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aún no da por cumplida la recomendación que emitió al gobierno del estado de Puebla por este caso.

El expediente 2014/2VG que el organismo nacional emitió por encontrar violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores, aún figura con el estatus de “en trámite” en su portal electrónico.

Este nueve de julio se cumplen tres años del operativo que policías estatales realizaron para disolver una protesta de habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente a Santa Clara Ocoyucan, hecho en el que resultó herido de muerte José Luis, quien en 2014 tenía 12 años de edad.

Pendientes equipos de videograbación y atención de demandas sociales

En enero de 2017, la Secretaría General de Gobierno (SGG) afirmó que la recomendación había sido cumplida en su totalidad, tras ofrecer una disculpa pública a las personas afectadas, encabezadas por la madre del menor Elia Tamayo Montes, en abril de 2016, misma que fue rechazada.

Sin embargo, en el informe que la CNDH ofrece en su portal sobre las recomendaciones que emite, la correspondiente al caso de Chalchihuapan aparece aún en trámite, aunque en el “estatus por autoridad” refiere que el gobierno de Puebla ya la dio por concluida.

La recomendación consta de 11 puntos, de los cuales aún se encuentra pendiente la indemnización a todas las víctimas, debido a que una de ellas no lo ha aceptado.

En noviembre de 2016, Elia Tamayo denunció que fue presionada por el entonces secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano –quien actualmente ocupa el mismo cargo–, para aceptar un pago por 1 millón 700 mil pesos como indemnización por el fallecimiento de su hijo.

En esa fecha, la afectada señaló que aunque recibió el cheque, no había tomado un peso del monto ofrecido por el gobierno estatal como reparación del daño, y que forma parte del punto 3 de los 11 puntos de la recomendación de la CNDH.

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Los puntos 4, 5, 7, 9 y 11, referentes a la atención de protestas sociales, la entrega de equipos de videograbación a los elementos de Seguridad Pública, la presentación de quejas en contra de los funcionarios involucrados ante el órgano de control de la entones Procuraduría General de Justicia (PGJ) –hoy Fiscalía General del Estado (FGE)– y a la creación de un programa de derechos humanos para los efectivos estatales, también aparecen sin pruebas de cumplimiento.

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