El gobierno del estado de Puebla incurrió en inconsistencias al registrar los homicidios intencionales entre 2001 y agosto de 2016, con lo que se pudieron esconder denuncias de este ilícito.

Ello ocurrió durante las administraciones de los exgobernadores Rafael Moreno Valle Rosas, Mario Marín Torres y Melquiades Morales Flores, de acuerdo con un informe que este martes presentó el centro de análisis México Evalúa.

En su reporte “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”, la agrupación ciudadana identificó que Puebla registró de forma irregular los casos de homicidios, al igual que en Quintana Roo, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Durango, Nayarit y Colima.

La asociación concluyó que esas entidades pudieron haber reportado denuncias de homicidios dolosos o intencionales como si hubieran sido asesinatos imprudenciales, también conocidos como culposos, en una práctica conocida como “reclasificación delictiva”.

Sospechan maquillaje en homicidios

Según el análisis, existe una relación entre la evolución de las tasas de homicidios dolosos y culposos en Puebla que pudiera indicar algún grado de adulteración de los datos, pues resulta extraño que los asesinatos imprudenciales crezcan al mismo ritmo que los intencionales.

Entre el periodo de gobierno de Melquiades Morales Flores (2001-2005), Mario Marín Torres (2005-2011) y Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2016) la relación entre los homicidios dolosos y culposos pasó de 0.127 a 0.125 y a 0.102 respectivamente. De acuerdo con la interpretación de los datos, no hay grandes saltos entre las cifras, con lo que se presume que al guardar una proporción, estas pudieron ser manipuladas.

Las tasas de homicidios intencionales e imprudenciales pasaron de 0.272 a 0.171 entre los periodos de Morales y Marín, por lo que hubo una reducción, pero en la gestión de Moreno Valle la tasa creció a 0.322.

En su reporte, México Evalúa enfatiza que el comportamiento de las cifras presume una posible manipulación de las mismas, aunque no es posible afirmar tal hipótesis, por lo que propuso la creación de un comité auditor de cifras que evalúe y analice la veracidad de los reportes que las entidades del país hacen mensualmente al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

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