El Comité Directivo Estatal  (CDE) desestimó el proceso con el que Fernando Morales Martínez presentó su renuncia como militante del PRI, y aclaró que su salida se motivó en el incumplimiento de los principios partidistas y por la traición a la confianza de los priístas del estado.

Tras la declaración de Morales Martínez, el CDE que preside Jorge Estefan Chidiac precisó que el procedimiento con el que el hijo del exgobernador pretendió validar su dimisión no fue el correcto.

“Es incorrecta la forma en la que Morales Martínez hace valer su renuncia, puesto que como él mismo lo señala, el Artículo 121 del Código de Justicia Partidaria establece que se debe ratificar la solicitud de renuncia, pero omite dolosamente mencionar a los medios de comunicación, que la única instancia facultada para dar trámite a dichas solicitudes es la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, tal y como lo establecen los Artículos 120 y 121, de dicha normativa partidista”.

“Por esta razón, la supuesta renuncia que presentó, no es válida ya que fue hecha ante una autoridad partidista distinta a la facultada, motivo por el cual no puede dar trámite a la misma en los términos en los que lo solicitó”, aclaró la dirigencia estatal del PRI.

Ayer, Morales Martínez ofreció una rueda de prensa en la que mostró dos oficios fechados el 15 y 28 de enero de 2016, dirigidos a Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI, en el que le informa sobre su renuncia como militante del PRI.

Fue el viernes pasado cuando la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), emitió el resolutivo del proceso de expulsión que en mayo de 2016 se inició contra Morales Martínez.

La petición para expulsar al político  se dio a raíz del apoyo que mostró a Antonio Gali Fayad, excandidato de la coalición Sigamos Adelante (PAN, Panal, CPP, PSI y PT).

Ante esa situación, Morales Martínez, actual subsecretario de Vinculación  Institucional y  Participación Ciudadana del gobierno del Estado, promovió un juicio de protección de los derechos político-electorales, el cual desechó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

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