El Juzgado Quinto de Distrito ordenó al gobierno de Puebla liberar a Dulce María Silva Hernández, novia del vocero de Andrés Manuel López Obrador, quien fue encarcelada en la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, presuntamente por incurrir en el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.

La pareja de César Yáñez fue detenida el 10 de marzo de 2016, acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su relación con la familia Tiro Moranchel, la cual supuestamente le cedió derechos de un terreno adquirido con dinero proveniente de fraudes cometidos en agravio de miles de víctimas.

Según la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público corroboró que el predio había sido adquirido por Edmundo Tiro Moranchel con dichos recursos, por lo que se decretó su aseguramiento en favor de las víctimas del delito y afectados por Invergroup, que son más de 2700 personas.

No obstante, el juez federal que otorgó el amparo consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público (un contrato ratificado ante el Notaría 2 de Cholula) no son suficientes para demostrar que Dulce María recibió 30 millones de pesos procedentes de los fraudes.

En la sentencia dictada en el juicio de garantías, se solicitó al juzgador de lo penal que dejara sin efectos el auto de formal prisión y además se le pidió que, con evidencias que sustenten las acusaciones, emitiera una nueva resolución.

En el documento, publicado en la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también se ordena lo siguiente a la autoridad local:

“Que respecto de las conductas consisten en la entrega o depósito de recurso de procedencia ilícita, se abstenga de afirmar que el ilícito se cometió en el momento en el que pretendió protocolizar la escritura de compraventa del inmueble del inmueble identificado como una fracción del polígono tres resultante de la subdivisión de una fracción de los predios que forman parte del ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula, Puebla, con una superficie de 5,907.63 m2”.

“(…) es decir, determine que respecto de dichas conductas no resulta aplicable el artículo 453 del Código Penal para el Estado de Puebla, dado que no estaba vigente al momento de los supuestos depósitos o entrega de recursos.”

El juez federal también determinó que, en caso de que se dictara un nuevo auto de formal prisión contra Dulce María, se sustentara el dictamen con documentos que acrediten la existencia de los 30 millones de pesos que supuestamente se obtuvieron de manera ilícita.

Sin embargo, a mediados de este mes, el Ministerio Público presentó un recurso de revisión en contra de dicha ejecutoria, por lo que ésta será resuelta por un Tribunal en Materia Penal, el cual se encargará de confirmar o no la sentencia.

[relativa1]

[relativa2]