La familia del luchador social y extrabajador de la BUAP, Gumaro Amaro Ramírez conmemoró el 28 aniversario de su ejecución extrajudicial y denunció que el crimen de estado aún permanece impune.

La ceremonia luctuosa tuvo que desplazarse por la exposición militar montada en el zócalo por la XXV Zona Militar

Citlali Amaro Ayometzi, quien fue insistentemente fotografiada por elementos de la Policía Turística durante el mitin en memoria de su padre Gumaro Amaro, aseguró que el clima de acoso policiaco ha sido una constante para la familia del luchador social.

“Desde nuestra llegada a esta plaza pública ya había presencia militar que nos esperaba. Soldados se apostaron en el asta bandera donde desplegaríamos mantas. Ahora no dejamos de ser fotografiados y aunque pedimos a los elementos de seguridad que retraten los elementos de la ceremonia luctuosa, insisten en filmar a los participantes”, denunció.

El acto conmemoró la muerte de Gumaro Amaro, frente a su hogar, con nueve disparos de arma de fuego, detonados por cuatro personas, el 17 de febrero de 1989, cuando era gobernador Mariano Piña Olaya.

“Nunca nos cansaremos  de denunciar que se trató de un crimen de estado y de exigir justicia”, dijo la hija de Gumaro Amaro.

“Un año antes había sido detenido-desaparecido, trasladado a los sótanos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, torturado y amenazado de muerte por su actividad política”, reseñó.

La familia recordó que después de su ejecución y durante varios días se realizaron acciones políticas de masas exigiendo el esclarecimiento del crimen y castigo a los culpables, demandas que hasta el momento han sido ignoradas por el Estado.

“El mitin por la memoria” como fue llamado,  resaltó la trayectoria de Amaro Ramírez como  dirigente de un movimiento de obreras en maquiladoras; de la Unión de Amas de Casa de Puebla; y en la fundación de la Unión Por la Organización de los Estudiantes (UPOE) en la UAP; de diversas Casas de estudiantes, de la colonia popular "2 de octubre”, así como el acompañamiento con campesinos para que obtuvieran tarifas justas del servicio de la energía eléctrica.

El licenciado en Antropología Social por  la ENAH y en Derecho en la BUAP, asesoró política y jurídicamente trabajadores de granjas avícolas en Tehuacán, así como campesinos y obreros de la Sierra Norte de Puebla.

“La indignante ejecución de nuestro compañero dejó un vacío que llenamos con coraje y dignidad, ante las negativas de esclarecer el caso por parte de las autoridades; denunciamos que en 2012 se presentó formalmente al Congreso del Estado una solicitud para que éste contribuya para el juicio y castigo de los responsables así como para la legislación de una Ley contra la Desaparición Forzada, teniendo como respuesta una negativa”, se leyó en un documento.