Hasta 2018 se harán públicos los informes generales y específicos relacionados con las cuentas públicas de los 300 sujetos de revisión establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla, reveló Patricia Leal Islas, presidenta de la Comisión Inspectora. 

En entrevista, la legisladora panista subrayó que de las 24 propuestas que hizo el Consorcio Universitario para nutrir la Ley Anticorrupción se aclaró que 23 ya estaban incluidas, sin embargo se quedó fuera la creación del servicio civil de carrera.

Este martes las comisiones unidas de Gobernación e Inspectora aprobaron la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley del Consejo de Administración Contable.

Informes serán públicos hasta 2018

Patricia Leal informó que tardará un año para que se concreten los informes públicos.

“Será a finales de 2017 y principios del 2018. Los informes generales como su nombre lo indican son la generalidad del ejercicio del gasto. Los específicos lo acotan al ente o al hecho. Todas las observaciones serán públicas”. 

Recordó que la Ley de Rendición de Cuentas, que se aprobó este martes, establece que la entrega de la cuenta pública se presentará consolidada, es decir, la del Poder Ejecutivo junto con el Poder Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos.

También se incluyó la obligación de dictaminar las cuentas públicas en un periodo de ocho meses después de presentadas, así como nuevas atribuciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) entre las que está promover juicio político por presuntas anomalías de los sujetos de revisión.

Dejan fuera propuestas del Consorcio Universitario 

Asimismo, Patricia Leal subrayó que de las 24 propuestas del llamado Consorcio Universitario para incluirlas en los ordenamientos, se les explicó que la mayoría ya existían.

“La inquietud del consorcio es la participación ciudadana. Les dijimos que en la propia Ley Anticorrupción existe un Comité Ciudadano y el Consejo rector presidido por un ciudadano”.

Manifestó que se quedaron fuera propuestas como la que establecía que para ser integrante del Comité Ciudadano Anticorrupción se tenga ciudadanía poblana, pues los diputados consideraron que sería “limitativo”.

Tampoco se incluyó que sea limitativo que alguno de los nuevos organismos sea presidido por alguien con antecedentes de delito culposo. 

Sostuvo que también quedó fuera el concepto relacionado con el Servicio Civil de Carrera para la promoción de puestos públicos, porque en su opinión no impacta en el Sistema Estatal Anticorrupción.

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