Burócratas estatales serán quienes dirijan el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, mientras que los ciudadanos únicamente podrán proponer u opinar a través de un Comité de Participación, aunque estarán sujetos a sanciones, según se expone en la iniciativa de ley que el gobierno del estado planteó para ponerlo en marcha. 

El documento fue enviado por el gobernador Rafael Moreno Valle al Congreso local este miércoles, por lo que se someterá a análisis por parte de los legisladores.

Fue el 13 de octubre pasado –a cuatro meses de que concluir su sexenio– cuando Moreno Valle anunció una propuesta para instaurar en Puebla un Sistema Estatal Anticorrupción.

Cabe señalar que la iniciativa poblana no requiere además a los servidores públicos presentar su declaración fiscal como se planteó en Sonora, estado de México y Guanajuato y tampoco elimina el fuero constitucional como procedió en Jalisco. 

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Juez y parte

De acuerdo con la propuesta de ley que sustentará el Sistema Estatal Anticorrupción, se creará un Comité Coordinador Estatal, el cual se encargará de diseñar, promocionar y evaluar políticas públicas de combate a la corrupción.

Esa instancia estará integrada por un representante del Comité Estatal de Participación Ciudadana –que también tendrá el nuevo sistema–, quien lo presidirá en el primer año; así como por los titulares de la Auditoría Superior del Estado (ASE); de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; Secretaría de la Contraloría; además de un representante del Consejo de la Judicatura; y los presidentes de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) –que ahora será Instituto- y del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa.

Es necesario citar que los encargados actuales de esos entes gubernamentales han sido señalados por llegar a sus cargos a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle.

Entre las facultades de ese organismo se encuentran coordinar a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, diseñar políticas integrales en materia de fiscalización, determinar mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información de instancias de gobierno, conocer el resultado de las evaluaciones que realicen, requerir información a los entes públicos, entre otras. La presidencia del Comité durará un año y será rotativa entre todos sus miembros. 

El Sistema también contará con una Secretaría Ejecutiva, la cual fungirá como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía técnica y de gestión. Estará integrado por los miembros del Comité Coordinador Estatal y será presidido por el presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana.

Sólo voz para el Comité Estatal de Participación Ciudadana 

En cambio, el Comité Estatal de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos, los cuales serán nombrados por una “comisión de selección” que integrará el Congreso local. Éstos durarán en el cargo cinco años sin posibilidad de reelección, y serán renovados de manera escalonada.

Sus nombramientos no tendrán ningún tipo de prestaciones económicas, además de que no podrán ocupar durante su gestión cargo público alguno, pero sí estarán sujetos al régimen de responsabilidades de la Constitución Política del Estado de Puebla y les serán aplicables las obligaciones de confidencialidad y de resguardo de información de carácter reservado y confidencial.

Entre sus atribuciones se encuentran: acceder a la información que genere el Sistema Estatal Anticorrupción; opinar y realizar propuestas sobre la política estatal y las políticas integrales,  sobre fiscalización y control de recursos públicos, estrategias de mejora para la Plataforma Digital Estatal, mecanismos para la sociedad denuncie actos de corrupción, además de opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador Estatal.

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