El último paso de la contienda electoral por la presidencia municipal de Puebla es el debate entre candidatos. Seguramente usarán la venganza política como principal eje de su confrontación. Las propuestas ya se han escuchado y los electores no esperan verlas repetidas en esos eventos. La confrontación, la guerra sucia y alguna sorpresa en contra de cualquiera de ellos será el motivo de que le dediquen parte de su curiosidad y tiempo.
La explicación del origen de sus fortunas ya se ha dado en los medios: Agüera ha manifestado que en la organización educativa que encabezó como rector se le hicieron varias auditorías externas y se le otorgaron certificados de transparencia y buenas cuentas. Y que los negocios de su familia en los que tiene participación, son totalmente legales. Incluso ha exhibido la exoneración otorgada por la entonces panista Procuraduría General de la República, que lo investigó después del reportaje de Punto de Partida.
Por su parte Antonio Gali ha declarado que el aumento de 54 millones de pesos en su declaración patrimonial, de 3 años de diferencia, mismos que trabajó en la administración estatal, se debió a que incluyó los bienes de su familia en la última manifestación.
El candidato de Puebla Unida previsiblemente usará en el debate lo que ha estado manejando en los spots: no queremos dar vuelta en U, no debemos regresar al pasado en donde gobernaba Mario Marín, la corrupción y el autoritarismo.
Enrique Agüera podría contestarle: si existió alguna irregularidad en la gestión del gobernador Marín, era facultad y obligación de las autoridades de la actual administración fincarle responsabilidades y en su caso abrir una averiguación previa en su contra y consignarlo ante un juez. Esto no sucedió. Lo que significa que no encontraron ninguna desviación de recursos, porque lo contrario significaría que se llegó a un arreglo político.
El candidato de la alianza 5 de Mayo podría contraatacar manifestando que la profesora Elba Esther Gordillo, mentora de la actual administración, si fue consignada por enriquecimiento inexplicable y delincuencia organizada y que se encuentra encarcelada. A lo que seguramente le replicaría Gali, que en México existe la presunción de inocencia y que hasta que sea sentenciada y esta resolución cause ejecutoria, deberá considerársele inocente.
En fin, estamos presenciando que la venganza se encuentra como pilote de la lucha política y como prueba de ello está el caso del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier. La Procuraduría General de la República, recibió sus declaraciones que hizo de forma voluntaria y no encontró indicios para arraigarlo o consignarlo ante un juez. Sin embargo, el gobernador de Tabasco, priista que cambió de partido a última hora y que según se ve en sus declaraciones tiene un gran encono contra su antiguo amigo y compadre, ha declarado que no tiene ninguna prueba de que Granier esté vinculado con la desaparición de los recursos federales que no se encuentran, pero que lo ve en la cárcel y que está obligado a demostrar su inocencia. Lo que constituye un error jurídico ya que se presume la inocencia y se prueba la culpabilidad. Demuestra además que la Constitución y las leyes quedan atrás ante una venganza política, así como que también los funcionarios olvidan que dejarán el poder y estarán expuestos a las venganzas políticas.
