El cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como la garantía de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, deben ser ineludibles para las instituciones y las personas servidoras públicas que las integran; deben ser máximas del quehacer gubernamental pues contribuyen a brindar respuestas para contrarrestar la opacidad, el secretismo y garantizar el respeto y cuidado de nuestra esfera más íntima.

Su existencia es resultado del despertar social por conocer y participar de manera más activa e incidir en la vida pública; un deseo democrático que, genuinamente, los convierte en contrapesos al poder para reducir la discrecionalidad de las acciones gubernamentales. Por ello, sin temor a equivocarme, puedo señalar que estos derechos le pertenecen a la sociedad, y no a las y los servidores públicos en turno, porque son sus intereses tanto informativos como de protección los que le dan vida a su ejercicio, lo que hace que el conocimiento en la sociedad vaya en aumento.

De lo anterior, se da cuenta en los resultados del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 2023, elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual señala que, durante el año 2022, se realizaron 1 millón 127 mil 468 solicitudes, de las cuales el 92.1 por ciento fueron en materia de acceso a la información y el restante 7.9 por ciento,  de datos personales. De las que el 88 % fueron respondidas.

Con relación a las solicitudes atendidas por los sujetos obligados, el 74 por ciento fueron dirigidas a instancias de los ámbitos estatal y municipal y el 26 por ciento a instituciones del ámbito federal. En 766 mil 898 casos, las instancias entregaron la información solicitada.

Estos números son evidencia del avance que tiene el ejercicio de estos derechos por parte de la sociedad. Ello, porque las cifras del censo dan cuenta de que las instancias de los tres ámbitos de gobierno están cumpliendo con su obligación de responder a las necesidades informativas de las personas que ejercen estos derechos humanos. No obstante, debemos preguntarnos: ¿la información entregada corresponde a lo que se les solicitó?, ¿la calidad de la información cumplió con las expectativas de los solicitantes?

De acuerdo con los datos reportados, más de 97 mil personas recurrieron a los órganos garantes para que estos analizaran las respuestas otorgadas por las autoridades. A nivel nacional, previo análisis de los casos, los órganos de transparencia resolvieron modificar, revocar u ordenar a los sujetos obligados dar respuestas en un 24.1, 23.5 y 10.3 por ciento, respectivamente, es decir, se determinó pedir a las instancias a las que les requirieron información, que la entregaran de manera completa o que realizaran una búsqueda exhaustiva para que realmente se proporcionara a las personas la información que necesitaban conocer. Esto, considerando solamente los asuntos con estudio de fondo, representa que se habría dado la razón en 84.15 por ciento de los casos a los particulares.

Asimismo, este Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 2023 mostró la gestión y desempeño del INAI y de los organismos garantes, así como el cumplimiento a las determinaciones. Desafíos como promover el trabajo colaborativo entre las instituciones para que la ciudadanía considere estos derechos como una llave que abre la puerta a otras prerrogativas representan aún una tarea pendiente para fortalecer la cultura de la transparencia; solo promoviendo estos derechos y su ejercicio lograremos construir una sociedad más informada y participativa.

En ese sentido, el INAI y los órganos garantes de las entidades federativas cumplen una función esencial para los derechos humanos y nuestra democracia. Su utilidad se encuentra fuertemente vinculada al conocimiento público y a la protección de una sociedad cada vez más exigente y vigilante de las acciones de sus autoridades. Las personas tienen derecho a saber y a que su información se encuentre debidamente protegida, por lo que es necesario contar con información de calidad que no sólo provenga de una sola fuente informativa o de una narrativa centralizada. Como autoridades estamos obligadas a garantizar este derecho plasmado en nuestra Constitución.

@bl_ibarra

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