Para nadie es desconocido que las faltas administrativas, los delitos menores y algunos delitos considerados como graves están asociados con la economía informal, esa que en México supera el 55 por ciento y que hasta ahora ningún gobierno federal ha podido revertir, mucho menos erradicar para que todos los trabajadores puedan gozar de prestaciones sociales como salud, educación, vivienda y un retiro digno, en forma gradual.

Además, la economía informal está vinculada con los mercados ilícitos, esos en los que sociedad y mercancías de dudosa procedencia conviven de una manera sutil en la que la ilegalidad de los productos que se expenden parece borrarse cuando ya nadie dice nada.

No olvidemos que cualquier mercancía o bien que se ofrezca por debajo de su precio de mercado viene marcada con alguna mancha de sangre, muchas veces invisible, pero mancha al fin, ya que para conseguirlo a ese precio alguien perdió su tranquilidad, su patrimonio y en una de esas hasta la vida.

Como ejemplo de lo anterior basta citar las declaraciones del 12 de abril de los dirigentes empresariales de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, así como de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Puebla, quienes alertaron que en cuatro municipios de dicha entidad federativa los productos robados ya se están comercializando en establecimientos formales, por lo que algunos proveedores están considerando no llevar sus mercancías por el temor de que les roben y los productos terminen formando parte de los “mercados ilícitos” y sean comercializados como parte de la economía formal.

Los municipios citados son San Martín Texmelucan, Esperanza, Tecamachalco y Amozoc, mientras que las mercancías corresponden a abarrotes, textiles y equipo de tecnología, los cuales inmediatamente después de haber sido robados alimentan los “mercados ilícitos” que tanto daño hacen a la economía del estado y del país.

Para ubicar la economía informal en su justa dimensión habrá que tomar en cuenta que el Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2023 fue de 24 billones, 728 mil 311.6 millones de pesos, casi 25 billones en números cerrados y que casi una cuarta parte del mismo lo genera la actividad informal.

Así, las actividades primarias contribuyeron con 864 mil 881.8 millones de pesos, las actividades secundarias produjeron 8 billones, 120 mil 764.2 millones de pesos; mientras que las actividades terciarias (servicios) generaron 14 billones 830 mil 849 millones de pesos.

En términos porcentuales, entre el 55 y 56 por ciento de la población en el país está ocupada en la economía informal y este sector de la población generó el 23% del PIB en 2023.

En términos monetarios la población ocupada en la economía informal generó 5 billones, 687 mil, 511 millones de pesos, casi 1 de cada 4 pesos.

Hasta aquí el problema parece no ser grave, ya que pese a vivir en la informalidad la gente contribuye en la generación del PIB; pero ahora vayamos al mundo de los delitos cometidos en los que las cosas no parecen estar resueltas, ya que un alto porcentaje de los delitos se encuentran asociados a la economía informal.

En México existen dos tipos de delito, los del fuero federal cuya afectación es al Estado y los atiende el gobierno federal, además de aquellos vinculados a la salud pública, la infraestructura mayor, a los hidrocarburos, al agua y en general al medio ambiente, y los del fuero común que tienen que ver con el robo en sus diversas modalidades, el fraude, el homicidio doloso, feminicidio, lesiones, violencia familiar y violación entre otros. También existen delitos concurrentes que son responsabilidad de la federación y los estados como la venta de drogas al menudeo y secuestro.

Prevenir los delitos federales es responsabilidad del gobierno de la República, pero puede buscar el apoyo de la sociedad civil organizada, todo depende de su capacidad para comunicarse con ella, convocarla y sumar sus esfuerzos. Nada de esto se ha realizado en los últimos cinco años.

Sin embargo, el porcentaje de delitos federales denunciados (no pudieron ser prevenidos) a nivel nacional en 2023 fue de apenas el 3.5% (80 mil 169) de los delitos totales denunciados.

Mientras que el número de delitos del fuero común fue del 96.5% (2 millones 173 mil 220), es decir 27 veces más.

Para prevenir y combatir los 80 mil 169 delitos del fuero federal en 2023 se destinaron 206 mil 427 elementos (128 mil 233 de Guardia Nacional; 57 mil 867 del Ejército y 20 mil 327 de la Marina); es decir 2.6 elementos federales por cada delito cometido al año.

Lo anterior sin contar el número de agentes del Ministerio Público de la Federación y Policía Investigadora Federal que dependen de la Fiscalía General de la República (FGR).

Para prevenir y combatir los delitos del fuero común en 2023 se destinaron 401 mil 134 elementos (227 mil 727 estatales y 173 mil 407 municipales), es decir a cada elemento le correspondieron 5.4 delitos; igualmente sin contar a los agentes del Ministerio Público y los elementos de Policía Investigadora que dependen de las Fiscalías Generales de los estados.

Por donde se le quiera ver, la eficiencia en la prevención y combate a los delitos federales es muy baja respecto de los del fuero común, es decir muchos elementos para tan pocos delitos.

Mientras la autoridad federal no sea capaz de coordinarse con las del fuero común, seguiremos con una cifra negra (delitos no denunciados) del 92.4 por ciento y una percepción de inseguridad del 74.6 por ciento (ENVIPE 2023 del INEGI).

La única forma de resolver un problema de esta naturaleza es primero como autoridad reconocer que existe, después ser sensible ante los reclamos y propuestas de la gente, y aceptar el apoyo de la sociedad civil organizada; la autoridad por sí sola no puede ni podrá resolver los problemas que aqueja a la población.

Peor aún, si las “mercancías ilícitas” siguen alimentando la economía informal y gradualmente se van mimetizando con la economía formal, va a llegar el día en que no seamos capaces (o no querramos hacerlo) de distinguir qué es lícito y que es ilícito y cualquier falta administrativa terminará convirtiéndose en un delito que no fuimos capaces de prevenir y solo nos quedará referirnos a él con una serie de “memes”.

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