Qué coincidencia. Hoy jueves se cumplen cuarenta años de que el presidente José López Portillo decretó la nacionalización de la banca. Al hacerlo, violó la Constitución a sabiendas y no le importó. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador envía al Congreso su iniciativa preferente para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Al hacerlo, viola la Constitución a sabiendas y tampoco le importa. Según los juristas, esa es una raya roja que no debe cruzarse, y con toda razón. El desenlace de esos hechos puede no ser el esperado, como ocurrió en 1982 y los años que siguieron.

La nacionalización de la banca, que inició con la expropiación de los activos bancarios y no bancarios privados, tuvo enormes consecuencias para el país. En primer lugar, desató una desconfianza en la Presidencia de la República, en las autoridades, y sumió al país en una crisis económica que estalló en aquellas semanas de agosto y septiembre y que duró una década. La inflación y el desempleo, la contracción de los servicios públicos como salud y educación, el endeudamiento desbordado, dieron lugar a la denominada década perdida de los años ochenta, que se caracterizó por una fuerte migración de mexicanos a Estados Unidos.

La expropiación bancaria dio lugar también a un movimiento político, “México en la Libertad”, encabezado por Manuel J. Clouthier, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que poco tiempo después derivó en la participación política abierta y decidida de las clases medias y de empresarios de todo el país. El PAN se nutrió de esas fuerzas y desde entonces se convirtió en una fuerza política relevante, con sus altibajos posteriores.

El PRI se fracturó tras la nacionalización bancaria y se consolidaron las fuerzas de izquierda, que luego compitieron con energía en la controvertida elección de 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y la famosa caída del sistema bajo la supervisión del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.

Hoy, en el 40 aniversario de aquellos eventos, el presidente López Obrador está siguiendo un camino parecido. En aquellos años, López Portillo hablaba de los “sacadores de dólares”, de los “vendepatrias”. Hoy López Obrador habla de los “neoliberales”, de los “fifís”, de los “aspiracionistas”. La evidencia de graves problemas económicos, sociales y ambientales del México actual está a la vista: estancamiento económico, inflación creciente, empobrecimiento, abandono educativo y pérdida de aprendizaje, crisis del sistema de salud con 758 mil muertos en exceso desde marzo de 2020, salidas de capitales, inseguridad y crimen organizado desbordados, y nuevamente un éxodo de mexicanos al extranjero que se había detenido en los últimos diez años. Los pronósticos son, como en aquel entonces, poco alentadores por decir lo menos.

Al igual que López Portillo, López Obrador cuenta con la mayoría simple del Poder Legislativo, pero afortunadamente no tiene la mayoría calificada para reformar la Constitución. López Obrador ha violado leyes y ordenamientos frecuentemente, pero es ahora cuando quiere violar la Constitución al pretender que la seguridad pública del país quede bajo mando militar y no bajo mando civil. Lo hace con pleno conocimiento de causa, pues ya la oposición le dijo que no está de acuerdo en realizar una reforma constitucional que lo permita ni le haría caso a los expertos. Así, envía una reforma a diversas leyes secundarias que pasarán con la mayoría de Morena y sus aliados, pero serán reformas contrarias a la Constitución. La oposición interpondrá una acción de inconstitucionalidad y será la Suprema Corte la que tendrá que declararla inconstitucional.

Cuando López Portillo modificó la Constitución a posteriori en 1982, pudo prevalecer su deseo y aplicarla retroactivamente porque la Suprema Corte de Justicia ni siquiera entró a la discusión que los banqueros habían interpuesto. Con esa decisión, a la cual sólo dos ministros votaron en contra, la Corte perdió una oportunidad histórica que la hubiera enaltecido. Como mencionó el exministro de la Corte José Rivera Gómez Campos en aquella ocasión en que la Corte ni siquiera estudió el caso:

“De haber entrado a su estudio y haber llegado a adoptar una resolución congruente con el mismo estudio, habría llevado a cabo un auténtico acto de Poder Público. México habría dado al mundo una esplendorosa lección de «juricismo». Nuestro Estado de Derecho se habría visto fortalecido con un hecho palmario y trascendental. Como nunca, habrían inspirado confianza nuestras instituciones, para ser vistas con orgullo por el pueblo. Habríamos salido de esa prueba con alto prestigio de fieles practicantes de la Democracia… ¡Lástima grande que nada de esto se realizara! ¡Lástima que la Suprema Corte quedara pequeña ante el llamado que le hacía la historia!”.

Hoy, en esta nueva coyuntura en que observamos acumulación de poder en el Ejecutivo y desvanecimiento de la división de poderes, la Suprema Corte nuevamente está llamada a tomar decisiones históricas. Tendrá que decidir la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y del mando militar sobre la seguridad pública, pilares ambos del régimen autoritario de la 4T. Y deberá hacerlo pronto, para que tenga el resultado histórico que se requiere: refrendar la división de poderes y nuestro sistema democrático, ante las crecientes amenazas del autoritarismo.