Hoy se trata de engañar a las mujeres y a los mexicanos con la despenalización del aborto pero en realidad lo que busca el Estado es tapar su incapacidad para resolver los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres, pues hay que recordar que los que están en prisión por el delito de aborto son hombres, hombres que ejercen ciclos de violencia. Su despenalización permitirá que los agresores encuentren una salida rápida, fácil, segura y gratuita a sus agresiones.

Desde el Poder Ejecutivo se maneja un doble discurso. Por un lado, se han establecido programas para la difusión del aborto y por el otro dice que no emitirá ninguna postura sobre el tema. En el Poder Legislativo diversas reformas a las leyes en las legislaturas de los estados se han presentado para despenalizar el aborto, pero la ciudadanía se ha manifestado y lo que se ha logrado es la defensa de la vida desde las Constituciones locales.

Hoy imponen el aborto a través del Poder Judicial. Solo diez personas han tomado la decisión, resolviendo primero la acción de inconstitucional 148/2017 del Código penal de Coahuila de Zaragoza, desconociendo el primer derecho de todo ser humano que es el derecho a la vida, despenalizando el aborto de manera absoluta y obligando a los jueces de México a declarar inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto.

Y posteriormente las acciones de inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018 del Congreso de Sinaloa declarando la invalidez del artículo 4Bis A, fracción I, de la Constitución política del Estado que establece que la tutela del derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley hasta su muerte.

Con estos criterios constitucionales la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola la normatividad del Derecho Internacional, tratados, pactos y convenciones que reconocen de manera expresa la protección del derecho a la vida humana desde sus inicios como un derecho universal que debe ser protegido por el Estado y por la sociedad y que México ha suscrito obligándose a cumplir.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación encubre la responsabilidad del Estado de proporcionar seguridad a los que gobiernan y generar políticas públicas que garanticen su derecho a la vida, a la seguridad, a tener acceso a una vida libre de violencia y a una igualdad de oportunidades.

Claro, resulta más fácil despenalizar el aborto que resolver las causas que orillan a una mujer a realizarlo. 

En este sexenio se ha caracterizado por invisibilizar las necesidades de las mujeres y con acciones se ha demostrado la falta de interés de resolverlo, muestra de esto es la disminución en el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) con un recorte de 75 por ciento con justificaciones de austeridad.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se les olvido etiquetar recursos suficientes para resolver uno de los problemas más fuertes a los que se han enfrentado las mujeres en esta pandemia: la violencia”.

Hoy exijo al Presidente a pronunciarse a favor de la vida desde la concepción y su rechazo a la discriminación por la etapa evolutiva inicial. Y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le exijo establezca los criterios constitucionales conforme a la normatividad internacional que estamos obligados a garantizar en nuestro país y respete el derecho de objeción de conciencia, cuya discusión está por iniciarse.

¡En México estamos a favor de la vida!