El día veintiuno de abril se ha declarado oficialmente la Fase 3 del COVID-19 por parte de las autoridades federales.  Las denominadas “Fases”, obedecen a características propias de cada nación, en condiciones del incremento y evolución de la pandemia en determinado lugar, con base a cifras, estudios y decisiones de las autoridades competentes. 

Es oportuno declarar por ahora la Fase 3 en virtud del efecto multiplicador de la enfermedad, es decir, los expertos informan previo a su análisis que durante esta temporada los contagios se incrementarán.  La situación es más compleja que nunca y por ello debemos reconsiderar desde muchas perspectivas sociales la posición de México.

A veces la comparación es productiva, sin embargo, tratándose de hechos y contextos diferentes, contraponer o utilizar un modelo ajeno puede provocar desajustes ante un modelo único como es el de nuestro país. En otros países asiáticos y europeos han ido lejos en camino a cuarentenas y aislamientos, pero México tiene sus propias características nos guste o no. México es un país de grandes proporciones territoriales y poblacionales, además tiene mucha pobreza y desigualdad, entonces no es sensato copiar prácticas de otros países más desarrollados que nosotros, aunque el virus es igual en todas partes del planeta. 

En México la gente debe trabajar sí o sí, de lo contario se desataría un caos de protestas insostenible, coartándoles libertades, y esto sería más que suficiente para que la sociedad civil enfurezca. En este sentido, los sistemas gubernamentales no pueden imponer ni condicionar hechos o actos, si el mismo sistema no proporciona o garantiza derechos básicos.  

Uno de los distingos característicos de los espectros e ideologías políticas de la Izquierda y la Derecha es la libertad y la seguridad; mientras la izquierda tiende a privilegiar la libertad, la segunda opta por la seguridad. El gobierno federal tiene otra oportunidad para ser congruente con sus postulados de Izquierda con tendencias Centristas, puede seguir cayendo en la trampa de ponderar acciones y políticas de Derecha o bien ser cauteloso garantizando lo más posible la seguridad, pero sin coartar libertades. 

Practicamos distintas premisas de Rousseau en “El Contrato Social”, al menos en teoría, donde los ciudadanos le otorgan mandato al gobierno para que este decida sobre suspender libertades con el objeto de brindar seguridad a los gobernados. El fundamento legal está en el artículo 29 constitucional, donde dicta que el Presidente con aprobación del Congreso podrá suspender el ejercicio de derechos.

El estado de Yucatán, fiel a su política de Derecha, ha optado por multar y sancionar a los ciudadanos que no cumplan los lineamientos establecidos en materia de aislamiento. Esto más que una medida estricta y eficaz de seguridad es una forma coercitiva fundada con el objeto de causar miedo a la sociedad, y eso no lo queremos en el país, amén de no estar en una posición de lujo para la inmensa mayoría que trabaja en la economía “informal”. Por cierto, este es otro tema de observancia y debate jurídico, el estado de Yucatán obedece a su autonomía, pero del otro lado de la moneda, debe existir uniformidad en lo que decida el Consejo de Salubridad General.

No llegaremos a la aplicación del 29 constitucional, al famoso estado de excepción, por razones sociales y de índole política, porque medidas coercitivas que dañen el bolsillo de los mexicanos puede ser muy peligroso y sacudiría a los que se ganan la vida al día. 

Encontrarnos en el estado de excepción implicaría el cierre de las fronteras y sanciones graves a quien salga de su casa, en otras palabras, la privación de ciertos derechos con tendencias autoritarias y peor aún, que la economía se detenga con más agresividad. 

Insisto, la consecuencia pasaría los límites, porque nadie quiere coexistir con un pueblo enojado y con hambre. Mientras haya libertades y se procure la seguridad habrá estabilidad en el país, de lo contrario la furia social se desataría, y a ver quien lo para. 

humberto_fernandez_de_lara@hotmail.com