Sin tratarse de una problemática contemporánea, la corrupción es una practica presente en el ejercicio del poder publico y de la política. Abundan los estudios al respecto desde diversas disciplinas: ciencia política, derecho, sociología, etc.; más éste tomará especial importancia en el siglo XX al develarseun auge del fenómeno tras los escándalos de corrupción sucedidos en América y Europa del Este: España, Francia, Alemania, Bélgica, Grecia e Italia.

Recientemente América latina (y, de hecho los tres continentes) se han visto implicados en las investigaciones que adelanta el gobierno de Estados Unidos y Suiza por los múltiples sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Gobiernos de punta a punta han temblado frente a las revelaciones de algunos exdirigentes de la compañía(principalmente Marcelo Odebrecht); pero aún falta más.

Me detendré en el caso de América latina y en específico el de Colombia. En Perú, Ecuador, Argentina, México y Colombia, los tentáculos de corrupción relacionan de funcionarios de menor rango hasta presidentespensionados y en ejercicio ¡poca cosa!

A manera de balance, a causa de las coimas reconocidas por la multinacional para hacerse con contratos públicos diversos vemos que. En el Perú se suicidó un expresidente (Alan García) y otros dos son prófugos de la justicia: Alejandro Toledo y Ollanta Umala. En Argentina el escándalo salpicó a la familia Kishner, posteriormente también el actual presidente Mauricio Macri por recibir dinero paracampaña presidencial. En México se reconoció un soborno mayúsculo a diversos funcionarios siendo Pemex una de las empresas que mayor rubro absorbió. Mientras que en Brasil se presentó el mayor flujo de dinero ímprobo a cambio de concesiones que hoy tiene apresado al expresidente Lula Da Silva e inhabilitada a Dilma Rousseff. Ecuador, Venezuela y Bolivia no se quedan fuera de la lista. (ver  https://elpais.com/internacional/2017/02/08/actualidad/1486547703_321746.html).

En Colombia la situación no es diferente. En días pasados se vinculó al expresidente Juan Manuel Santos (adalid del acuerdo de Paz) tras las declaraciones de un congresista del partido Liberal(Otto Bula) condenado por recibir sobornos de Odebrecht.  Sumado a esto, hace pocos días se ha llamado a declarar al también expresidente y hoy senador de la republica Álvaro Uribe Vélez y al presidente precedente Andrés Pastrana Arango(ver nota https://www.colombia.com/actualidad/judicial/uribe-y-pastrana-a-declarar-en-el-caso-que-vincula-a-santos-con-odebrecht-234599).

Tal hecho no es minúsculo, hay mucho por develar en el caso colombiano por no registrar hasta el momento lo acaecido en los países mencionados. Por tal,  si la investigación en curso contra Santos ya invitaba a un debacle político, la indagatoria a dos expresidentes más podría constituir un verdadero cataclismo político-institucional.

Se calcula que más de 11 millones de USD pagaría Odebrecht por coimas en el país cafetero con el objeto de hacerse con concesiones de obras publicas múltiples, entre las más sonadas, tenemos la ruta del sol que conectaría el centro del país con la zona costera. Obra avaluada en millones de dólares y de la cual el país no ha recibido avance notable.

Abundan los ejemplos, sin embargo me interesa situar la fractura que esto representa en Colombia en un momento en que el “proceso de paz” suscita amores y odios entre el gobierno saliente y el actual encabezado por Iván Duque y el senador Uribe Vélez.

Mientras que a Santos se le acusa por recibir dinero para financiar la campaña presidencial que le permitiría reelegirse en el 2014, se indaga también si el plebiscito por la paz realizado en octubre de 2016 previo a legalizarse los acuerdos entre gobierno y guerrilla Farc se vería también minado por dólares por parte de la empresa brasileña. A Uribe y Pastrana por su parte se cita a declarar para esclarecer financiamiento de campañas.

Tal evento ya había producido efectos en la clase política colombiana: unos se manifiestan  a favor, otros en contra. Mas, con la posible implicancia de Uribe yPastrana,  el banquillo dirigente tiembla ya que los cuestionamientos son múltiples y con ellos la ilegitimidad del mandato.

¿Qué sucede en un país en donde contratos públicos se dan a dedo por parte del ejecutivo?,  ¿la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones continua innata, o más bien, optan por hacerse de la vista gorda, ya que para bien o para mal, la justicia es solo para los de ruana?. Tal como reza ese adagio popular en Colombia, la justicia es componente de análisis sobre formas de gobierno y la mejor forma de gobernar que ha ocupado a filósofos de la Grecia antigua hasta tratadistas famosos como Montesquieu, Locke y Rousseau.

Los unos y los otros concuerdan en que la justicia es la justa medianía(balanza) entre gobernados y gobernantes que garantiza el ejercicio legítimo y soberano del poder público: el imperio de la ley es inmanente en la buena salud de una democracia. En ese tono, no es extraño el decreto de muerte a los funcionarios corruptos que el Libertador Simón Bolívar propuso al tener las riendas del poder de la Gran Colombia; propuesta que ha sido mencionada tibiamente en algunas propuestas politicas mal segmentadas.

Así las cosas, si la impartición de justicia falla, también lo hacen las instituciones y actores implicados; sobre todo cuando la corrupción en la clase política ha sido uno de los tantos males que aquejan el ejercicio público-político, y un flagelo particularmente en Latinoamérica que ha impedido la consolidación de agendas de gobierno eficientes.

Si bien es cierto los tiempos de Bolívar fueron realmente convulsos, los de hoy no son apacibles ciertamente. El archivo de sobornos de Odebrecht que hoy amenaza la administración de “lo público” por parte de funcionarios sin espíritu de administrar a favor del “público”, invita a un debate amplio en el cual deberán implicarse no solo altas cortes sino también el ciudadano de a pie que tributa para que el gobierno “funcione”.

La escena en Colombia es apenas el telón de una larga tragicomedia,aun por develar. De comprobarse que no sólo los tentáculos de Odebrecht llegaron a campañas electorales sino también al plebiscito como mecanismo de participación directaconsagrado constitucionalmente se deslegitima un proceso ciertamente harto abucheado hoy día.

La centralidad que la verdad salga a flote a riesgo de que el proceso de paz continúe siendo el caballito de batalla del gobierno saliente (que se pavonea del nobel de pazante la comunidad internacional), y, el entrante que busca reformar puntos básicos sobre la impartición de justicia a los cabecillas de la exguerrilla al tiempo que reacomoda reglas a su conveniencia; ubica en el centro del huracán a la ciudadanía en general.

En ultimas, el horizonte político demandatarios que generaron efectos importantes durante su administración, dos especialmente inversos “la política de seguridad” de Uribe y las “negociaciones de paz”de Santos, no dejarán de causar alarma. Sobre todo, cuando ¡óigase bien!, estamos frente al escándalo de corrupción másapoteótico en la historia política reciente (…) Aunque, como bien sabemos, en unos meses tal escena pasará de página.